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Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, con el objetivo de modernizar los procesos judiciales, evitar abusos en las suspensiones de amparo y fortalecer el interés público.
La propuesta busca equilibrar la protección de derechos individuales con la necesidad de que el Estado pueda cumplir sus obligaciones, especialmente en casos de bloqueos de cuentas bancarias por presunto lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o deudas fiscales ya firmes.
Suspensiones de amparo más estrictas para proteger el interés público y evitar abusos
La reforma establece que los jueces deberán evaluar con detalle cada solicitud de suspensión del acto reclamado, considerando el impacto social y el orden público. La iniciativa prohíbe suspensiones que permitan:
Realizar actividades sin permisos o concesiones legales.
Operar con recursos relacionados con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Bloquear medidas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Entre diciembre de 2018 y agosto de 2025, más de 3,600 demandas de amparo se interpusieron contra bloqueos de cuentas bancarias, y 1,407 suspensiones definitivas desbloquearon alrededor de 27 mil millones de pesos.
La reforma busca evitar que los recursos legales sean utilizados de manera abusiva, protegiendo los intereses colectivos y evitando la impugnación masiva de normas.
Modernización judicial: plazos claros y juicios digitales para agilizar procesos
La iniciativa propone plazos estrictos para notificaciones y resolución de amparos, con un límite máximo de 60 días para dictar sentencias fuera de audiencias constitucionales. Se busca limitar prácticas dilatorias, como recusaciones injustificadas o ampliaciones de demandas que solo retrasen los juicios.
Además, se introduce el uso opcional de medios electrónicos para promociones y notificaciones, con plazos de transición de 360 días para el Órgano de Administración Judicial y 180 días para que todas las autoridades estén operativas digitalmente.
Defensa fiscal limitada y medidas contra el incumplimiento de sentencias
La reforma declara improcedentes ciertos medios de defensa fiscal, como el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo, cuando se trate de créditos fiscales firmes que ya hayan sido validados por la autoridad. Esto busca evitar litigios prolongados, que actualmente duran en promedio más de cuatro años, y asegurar la eficiencia recaudatoria sin eliminar completamente la defensa de los contribuyentes.
Por otro lado, la iniciativa permite a los jueces evaluar la imposibilidad material o jurídica para cumplir una sentencia y eximir a las autoridades de multas o responsabilidades penales, asignando las sanciones a las instituciones y no a los funcionarios individuales.