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La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que determinadas viviendas podrán ser demolidas cuando así lo determinen comunidades indígenas mediante sus sistemas normativos internos, siempre que estas decisiones sean compatibles con la Constitución y los derechos humanos.
El dictamen de la Suprema Corte deriva de un conflicto ocurrido en una comunidad indígena de Oaxaca, donde una asamblea comunitaria acordó recuperar un predio y demoler una vivienda construida en él para destinar el espacio a una escoleta musical.
La decisión fue validada por las autoridades judiciales, aunque también se ordenó una compensación para la persona afectada.
De acuerdo con el comunicado oficial, la Suprema Corte estableció que era necesario “prever una compensación suficiente a la persona para garantizar el estándar mínimo del derecho a una vivienda digna y decorosa”, por lo que la sanción comunitaria puede mantenerse siempre que se protejan las condiciones básicas de vida del afectado.
La Corte respaldó la libre determinación de las comunidades indígenas
El caso tuvo origen en la comunidad indígena de San Juan Atepec, en Oaxaca, donde la asamblea general determinó aplicar una medida comunitaria contra uno de sus integrantes por presuntos incumplimientos reiterados de cargos y servicios comunitarios.
Posteriormente, una sala especializada en justicia indígena reconoció la validez del sistema normativo interno de la comunidad y avaló la decisión adoptada por la asamblea, aunque ordenó implementar medidas para compensar la afectación patrimonial ocasionada.
La Suprema Corte retomó el análisis del asunto y concluyó que la medida adoptada por la comunidad era compatible con la protección de su identidad, supervivencia y derecho a la libre determinación reconocidos constitucionalmente.
La demolición no elimina la obligación de respetar derechos humanos
Aunque la Suprema Corte validó la sanción comunitaria, también recordó que cualquier decisión adoptada bajo sistemas normativos indígenas debe respetar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución mexicana.
Por esa razón, el Máximo Tribunal consideró indispensable que las autoridades revisen si la compensación otorgada a la persona afectada resulta suficiente para garantizar condiciones mínimas de vivienda y protección personal.
La resolución establece que las medidas comunitarias pueden aplicarse siempre que exista un equilibrio entre la autonomía de los pueblos indígenas y la protección efectiva de los derechos humanos de quienes integran dichas comunidades.
¿Qué deberá incluir la compensación?
La Suprema Corte determinó que la autoridad responsable deberá analizar nuevamente la medida compensatoria para verificar que permita al afectado acceder a una vivienda con condiciones básicas de dignidad.
Entre los elementos que deberán garantizarse se encuentran la protección frente a la intemperie, espacios adecuados para el descanso, instalaciones sanitarias y condiciones mínimas para la preparación de alimentos.
Además, la compensación deberá considerar servicios esenciales como ventilación, iluminación, acceso a agua potable, electricidad y drenaje, con el objetivo de asegurar el respeto al derecho humano a una vivienda digna y decorosa reconocido por la Constitución.
