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En las próximas semanas, México estrenará una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que promete transformar por completo el panorama de la telefonía móvil.
Una de las medidas más relevantes será la obligación de que las compañías vendan celulares completamente desbloqueados, lo que busca incentivar la competencia y evitar que los usuarios queden atados a una sola empresa.
La reforma impacta directamente a Telcel, propiedad de Carlos Slim, quien durante décadas dominó el con una cuota que supera el 60%.
Aunque aún no realizó declaraciones públicas sobre el tema, expertos anticipan que el magnate tendrá que ajustar su estrategia comercial ante una regulación que, por primera vez en años, pone límites claros a su hegemonía.
Así será la nueva venta de celulares en México
A partir de ahora, todas las empresas de telefonía móvil deberán ofrecer dispositivos móviles desbloqueados, sin importar si el cliente opta por un plan de prepago o un contrato de pospago.
Esto significa que el teléfono podrá utilizarse con cualquier compañía telefónica, eliminando la habitual limitación de estar vinculado a un solo operador.
La disposición marca un avance significativo en la portabilidad del usuario, ya que le permitirá cambiar de proveedor con mayor libertad para acceder a mejores precios o servicios, sin tener que adquirir un nuevo equipo.
Nueva regulación de telecomunicaciones en México: equilibrio entre libertad del usuario y protección empresarial
La nueva legislación también prevé mecanismos de seguridad orientados a resguardar los intereses de las empresas, especialmente en casos donde los dispositivos sean adquiridos mediante financiamiento.
Para ello, se establecerán criterios normativos precisos que permitirán, bajo circunstancias debidamente justificadas, el bloqueo de aquellos equipos cuyo pago no se haya cumplido conforme a lo estipulado contractualmente.
Asimismo, solo se permitirá la activación de líneas móviles cuya información haya sido previamente verificada por los operadores, con el fin de prevenir el uso indebido de números telefónicos en actividades ilícitas como fraudes, extorsiones u otros delitos.