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Si tienes un teléfono celular en México —ya sea de plan o prepago— y no completas un trámite específico antes del 30 de junio de 2026, tu línea telefónica quedará prácticamente inutilizada.
El registro obligatorio vinculado a la Clave Única de Registro de Población (CURP) arrancó formalmente el 9 de enero de este año. Desde entonces, operadores como Telcel, Movistar, AT&T y Bait comenzaron a informar a sus usuarios sobre el proceso, aunque la respuesta ciudadana fue desigual: hay quienes ya lo hicieron sin problema, y quienes se niegan por razones que van desde la desconfianza hasta el desconocimiento total de lo que implica no actuar.
Tienes hasta el 30 de junio: esto es exactamente lo que debes hacer y cuándo
La obligación aplica para absolutamente todas las líneas telefónicas activas en el territorio nacional, sin importar si son de plan mensual o tarjeta de prepago. La fecha límite es el 30 de junio de 2026, y no existe ninguna prórroga anunciada oficialmente hasta ahora.
El proceso varía ligeramente según el perfil del titular. Los ciudadanos mexicanos deben vincular su número de celular a su CURP. Las personas morales, es decir empresas y organizaciones, deben hacerlo con su RFC. Los extranjeros residentes en el país pueden utilizar su pasaporte vigente o, en caso de tenerla, su CURP temporal. En todos los casos, el trámite se realiza directamente con la compañía telefónica, ya sea en sucursal, por aplicación móvil o a través de los canales digitales que cada operador habilite.
La medida está respaldada por reformas del artículo 180 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, lo que le da un sustento legal claro y hace prácticamente imposible impugnarla de forma individual.
Lo que le pasa a tu celular si no realizas el registro oficial con el CURP
Aquí está el punto que más preocupa a los usuarios y que muchos todavía no tienen del todo claro. Si el 30 de junio llega y tu línea telefónica no está vinculada a ningún titular identificado, el servicio no desaparece de golpe, pero queda reducido a su mínima expresión.
Eso significa que no podrás hacer llamadas normales, no podrás enviar ni recibir mensajes de texto, no tendrás acceso a datos móviles y la navegación en internet desde ese chip quedará bloqueada. En términos prácticos, tu teléfono se convierte en un aparato casi inútil desde el punto de vista de la comunicación diaria.
Lo único que permanecerá habilitado será la posibilidad de marcar a servicios de emergencia, recibir mensajes oficiales de alerta y contactar a tu compañía telefónica para iniciar el proceso de regularización. Nada más.
Solo te van a pedir nombre y CURP: la verdad sobre tus datos y quién los guarda
Una de las razones centrales por las que miles de usuarios se resistieron fue la desconfianza sobre el manejo de su información personal. El temor no surgió de la nada: en un país con antecedentes de filtraciones y vulneraciones de bases de datos, el escepticismo resulta comprensible. Sin embargo, la autoridad fue clara y detalló qué datos se recopilan, con qué finalidad y, sobre todo, cuáles quedan fuera del registro.
Para completar el trámite únicamente se solicitan dos datos: nombre completo y CURP. No hay registro de huellas digitales, no se toman fotografías permanentes, no se guarda ningún tipo de información biométrica. En los casos donde el operador de telefonía móvil realice una verificación de identidad mediante imagen o video en tiempo real, ese material se elimina automáticamente y no queda almacenado en ninguna base de datos, según lo confirmado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Los datos del padrón quedan bajo resguardo de las propias compañías telefónicas, no en manos directas de las autoridades de seguridad. Sin embargo, y este es el matiz que genera más debate, sí existe la posibilidad de que esa información sea consultada en el marco de investigaciones penales cuando la legislación vigente lo permita y una autoridad competente lo solicite formalmente.
Eso, precisamente, es lo que encendió las alarmas del Partido Acción Nacional, que acusó públicamente al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar el registro como una herramienta de espionaje y advirtió sobre los riesgos que implica para la privacidad de los ciudadanos.