No sólo Petrobras, la clase política, el gobierno y las grandes empresas. También los brasileños "de a pie", especialmente aquellos que viven en el estado de Rio de Janiero, empiezan a sentir con fuerza el impacto de la llamada Operación Lava Jato, la mega investigación por corrupción y lavado de dinero en la petrolera estatal brasileña que provocó una parálisis de la inversión petrolera y la construcción civil.

Miles de brasileños han perdido en estos meses su empleo fruto de la caída de la actividad o el cierre de puertas de las empresas en las que trabajaban, básicamente pequeñas y medianas empresas (pymes) Petrobras-dependientes.

"Las pequeñas y medianas empresas son las primeras que sufren el impacto del Lava Jato porque son prestadoras que nacieron y crecieron por y para Petrobras. No tienen espalda financiera como para sostenerse en la incertidumbre, como sí la tienen las grandes empresas", sostiene Adriano Pires, director del Centro Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE).

Río de Janeiro es el primer estado productor de petróleo de Brasil y, por tanto, el más afectado por el Lava Jato en términos económicos. Allí yacen buena parte de las enormes reservas de crudo que Brasil viene descubriendo desde 2007.

"Muchas empresas en ese estado están despidiendo empleados o directamente cerrando sus puertas", asegura Pires.

Las arcas públicas también sufren las consecuencias de la parálisis, agravada además por los bajos precios actuales del barril de petróleo. De acuerdo a un estudio del CBIE, los municipios de Río perderán entre 30% y 40% de sus ingresos petroleros, lo que supone entre u$s 2.000 millones y u$s 3.000 millones sólo para el estado de Río de Janeiro.

Con una población de 230.000 personas, la ciudad de Macaé, ubicada en la costa norte del estaro de Rio y conocida como "la capital del petróleo", es la que refleja de manera más contundente cómo la incertidumbre económica abierta tras el escándalo de Petrobras está afectando a la economía real.Sólo en la primera mitad de 2015 se han perdido más de 20.000 puestos de trabajo en el sector a raíz del final de varios contratos con Petrobras que no fueron renovados por la crisis de la corrupción y la caída del crudo, según datos del Sindicato de Trabajadores Offshore (Sinditob). Además, la recaudación impositiva cayó 35% y la Asociación Comercial e Industrial (ACIM) de la ciudad estima un retroceso de la actividad de 10% por la caída del consumo.