Uruguay, Venezuela, Ecuador y Bolivia expresaron su apoyo explícito al gobierno de Dilma Rousseff y buscarán que Unasur la respalde, en tanto Argentina se limitó a manifestar “apoyo institucional” y Chile evitó pronunciarse, mostrando los matices que despierta la profunda crisis política brasileña.
En su calidad de presidente pro témpore de Unasur, Uruguay anunció que promoverá una declaración en la que pedirá “respetar el mandato de la presidenta Dilma Rousseff”, según declaraciones del canciller Rodolfo Nin Novoa recogidas por cronistas locales.
“Estamos preocupados. Lo hemos hablado con el presidente Tabaré Vázquez y en su condición de presidente de la Unasur está emitiendo una declaración haciendo un llamado a respetar el orden institucional en Brasil”.
En cambio en Argentina, la canciller Susana Malcorra expresó que desde el gobierno de Mauricio Macri “hay un apoyo institucional” y llamó a que la crisis se subsane siguiendo “un mecanismo democrático”. Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue aún más moderado y expresó que Argentina no buscará interferir en la crisis brasileña. “Miramos con preocupación lo que pasa en Brasil. Brasil es un socio estratégico, miramos con interés lo que está pasando, pero con respeto porque es un proceso que tienen que definir ellos”.
En Santiago, la cancillería chilena señaló que no formulará declaraciones sobre la crisis en Brasil y que no se inmiscuye en problemas internos de terceros países.
La Unasur ya ha emitido en el pasado declaraciones de respaldo a gobiernos que forman parte del bloque, como ocurrió el año pasado con la Venezuela de Nicolás Maduro quien, precisamente, calificó de “golpe de Estado mediático y judicial” lo que ocurre en Brasil.
En la misma línea que Maduro, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo este viernes en la televisión oficial que existe un “nuevo plan Cóndor” contra gobiernos de izquierda en la región.
El presidente boliviano, Evo Morales, opinó en un acto público “que la derecha en Brasil quiere volver, mediante un golpe congresal (sic) y un golpe judicial, para castigar al Partido de los Trabajadores”.