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En medio de la crisis política y social que envuelve a Bolivia, con disturbios y bloqueos de rutas hace más de tres semanas, el Congreso autorizó al presidente Rodrigo Paz Pereira a desplegar las Fuerzas Armadas. Además, le otorgó la facultad de declarar el estado de emergencia.
La medida fue aprobada este martes por la Cámara de Diputados, donde se abrogó la Ley 1341 que regula los Estados de excepción. Ahora, pasó al poder Ejecutivo para ser promulgada.
La ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”. Ahora, esta se abrogó para hacer frente al conflicto social.
Bolivia en crisis: Rodrigo Paz podrá desplegar a las Fuerzas Armadas por la crisis
La sesión, que duró más de cinco horas, se realizó de manera virtual porque varios legisladores no pudieron trasladarse a La Paz, sede del Legislativo y Ejecutivo, debido a las protestas que mantienen aislada a esa región del resto del país.
Esta se dio como respuesta a la ola de manifestaciones y cortes de rutas impulsadas por sindicatos campesinos que Bolivia vive desde hace tres semanas. Los sectores que reclaman son afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y otros grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El impulsor de la anulación de la ley 1341, Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, afirmó que esa norma es “criminal” y que tiene el fin de “desnaturalizar” los estados de excepción frente a situaciones que generan “caos y anarquía” en medio de las protestas sociales.
El diputado Edwin Valda, de una facción disidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), consideró que su abrogación generará “mayor violencia” y que con esto las reivindicaciones sociales quedarán “desprotegidas”.
Tres semanas de protestas y exigencia de renuncia: la crisis que atraviesa Bolivia
El viernes una jornada de protesta masiva envolvió al país andino. La imagen era contundente: campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros coparon las calles de la sede de gobierno, bloquearon accesos a la plaza de armas y cortaron la ruta al aeropuerto de El Alto. La capital quedó sitiada por una muchedumbre que no admite negociación.
“¡Que renuncie, carajo!”, gritaba la multitud mientras avanzaba entre el ruido de petardos y banderas indígenas hacia el centro de la ciudad. Frente al palacio de gobierno, cientos de policías antimotines custodiaban las rejas. Muchos comercios cerraron por temor a saqueos.
Ataviados con cascos o ponchos, los manifestantes, muchos de los cuales ondeaban banderas indígenas, avanzaban entre el ruido de petardos hacia el centro de la ciudad, donde ya hubo incidentes entre la Policía y algunos activistas, con pedradas y gases lacrimógenos.
Medio centenar de piquetes se registraron en las vías del país el viernes, según datos oficiales. El gobierno de Paz reportó que cuatro personas murieron al no poder llegar de emergencia a centros médicos.
Los bloqueos de rutas generaron escasez de alimentos, combustibles y medicinas. La crisis económica se retroalimenta con cada día de protesta, profundizando el malestar en una población que ya estaba al límite.