

La Justicia laboral ordenó a FATE transferir unos $ 1200 millones a 200 trabajadores por salarios adeudados entre marzo y junio. La medida la dispuso el Juzgado Laboral N.º 17, que fijó para este viernes 23 la acreditación de los haberes.
Es la segunda orden de pago del año contra la fabricante de neumáticos y se produce en medio del acampe que el personal mantiene desde hace ocho meses en las puertas de la planta de San Fernando, cerrada el 18 de febrero. Allí, los operarios despedidos reclaman por sus fuentes laborales e ingresos tras el cierre dispuesto por la compañía alegando una situación de crisis.
Según la resolución judicial, los fondos destinados al pago surgirán directamente de los montos que habían sido embargados de manera preventiva en el marco de la causa. De esta forma, se suma a otra anterior por $ 500 millones, correspondiente a tres quincenas adeudadas entre febrero y marzo, que se ordenó en abril y se ejecutó en mayo.

Fallo judicial contra FATE: qué ordenó el juzgado laboral
El dictamen responde a una orden de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que pidió fijar el monto que debe recibir cada trabajador “que integre el universo de beneficiarios, desde la cuenta judicial (en la que obran las sumas en su momento embargadas) y en concepto de los haberes devengados hasta el 30 junio de este año”.
El juzgado precisó que, aunque ya existen sentencias definitivas en ambas instancias, correspondía acatar esa orden y establecer los montos en el marco de la medida cautelar.
Según Eduardo Penello, abogado del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), gran parte de la discusión giró en torno a qué personal quedaba alcanzado. El gremio reclamó $ 1.800 millones y FATE planteó que eran $ 600 millones. Finalmente, explicó, “se terminó resolviendo $ 1.200 millones con fecha de pago cierta”.
Cómo se llegó al embargo y a los pagos
Todo se remonta al 18 de febrero, cuando FATE cerró su fábrica de San Fernando y dejó de pagar los haberes. Desde el inicio del conflicto, el gremio que lidera Alejandro Crespo reclamó por los 968 trabajadores que figuraban en la nómina en mayo de 2025.
La Justicia ordenó el 30 de marzo el primer pago de sueldos al entender que la empresa había firmado en mayo de 2025 un convenio con el gremio, que garantizaba estabilidad laboral hasta el 30 de junio de 2026. A cambio, recibió beneficios impositivos del Gobierno nacional, como el descuento de aportes y cargas sociales.
El 14 de abril, la magistrada Liliana Rodríguez Fernández, a cargo del juzgado de primera instancia N° 17, ordenó ejecutar el embargo: cerca de $ 3.000 millones ($ 2.600 millones por el reclamo y $ 300 millones por costas). Se fundó en el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria y del pago de sueldos de 920 despedidos.
En mayo se concretó la primera ejecución, con fondos de una cuenta que la firma mantiene en el Banco Ciudad. Ahora se sumó el segundo fallo, dictado en cumplimiento de la orden de la Sala II, que ahora se traducirá en transferencias a los trabajadores incluidos en el listado.

La postura de FATE y el reclamo del gremio
La empresa, de la familia Madanes Quintanilla, afirmó que ya llegó a un acuerdo con la mayoría de los trabajadores. La firma sostuvo que la sentencia de la semana pasada aplica solo a un grupo y que con ella se agota el reclamo por haberes. Para la compañía, se trata de un pago residual de quincenas comprendidas en el período del convenio.
Por su parte, el fallo no incluye a quienes firmaron retiros voluntarios, pero Sutna busca incorporarlos al reclamo. El sindicato aseguró que esos acuerdos se firmaron bajo una situación de “extorsión económica” y con la fábrica cerrada.
Además, el gremio confirmó que apelará el monto indemnizatorio fijado por la Justicia al considerar que no contempla la antigüedad ni el ajuste por inflación. Asimismo, el gremio entablará nuevas demandas para exigir los salarios adeudados posteriores al 1 de julio de este año. Finalmente, propuso que se desconozcan los despidos por el aparente incumplimiento del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).

















