En esta noticia
El plan para abrir un local de café y souvenirs dentro de una bóveda del Cementerio de la Recoleta quedó sin efecto. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvió dar de baja la licitación que había lanzado para ese fin, luego de que la Justicia porteña ordenara frenar el proceso. Fue a raíz de un recurso de amparo presentado por la familia que reclama la titularidad del predio.
La propuesta había generado repercusión por su singularidad: combinaba la venta de souvenirs y bebidas para llevar con recorridos nocturnos entre mausoleos, en uno de los paseos más visitados de Buenos Aires.
Detrás de la iniciativa, sin embargo, había una disputa por la propiedad de la bóveda y una deuda que, según el Gobierno porteño, supera los $ 37 millones.
Una bóveda con más de 140 años de historia familiar
El espacio en disputa se encuentra en la Sección 17, Tablón 201 del cementerio, cerca del acceso por la calle Junín, y tiene una superficie cubierta de alrededor de 24,5 metros cuadrados. Pertenece históricamente a la familia Girado, que sostiene haberla adquirido en 1880.
La administración porteña había declarado la caducidad de la concesión para recuperar el espacio y destinarlo a una explotación comercial. Pero los descendientes de la familia impugnaron ese procedimiento: denunciaron fallas en las notificaciones y afirmaron que todavía hay restos de familiares en el interior de la bóveda.
El monto millonario que motivó el reclamo
Según la versión oficial, los titulares de la bóveda mantenían una deuda de mantenimiento de $ 22.215.070, acumulada entre 2007 y 2026. A esa cifra se sumaban otros $ 15.587.653 correspondientes a reparaciones realizadas por el Gobierno porteño, lo que llevaba el reclamo total a más de $ 37,8 millones.
Voceros de la Ciudad afirmaron que desde 2025 se enviaron cartas documento y se publicaron edictos sin que los propietarios regularizaran la deuda, y remarcaron que el procedimiento aplicado es el habitual ante concesiones abandonadas en otros cementerios de la Ciudad.
La familia Girado, por su parte, sostuvo que nunca fue notificada correctamente y presentó una acción de amparo para pedir que se anule todo el proceso. La causa recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, a cargo del juez Roberto Gallardo.
El fallo judicial que frenó la licitación
El juez le ordenó al Gobierno porteño abstenerse de declarar la caducidad de la concesión, de licitar el terreno y de avanzar con un eventual remate público del espacio. Con esa medida cautelar quedó suspendida la licitación que preveía la explotación comercial de la bóveda por un plazo de cinco años, cuya apertura de ofertas estaba fijada para el 9 de septiembre.
En los fundamentos de su resolución, Gallardo cuestionó que un espacio destinado al descanso de los restos humanos pudiera convertirse en un emprendimiento con fines de lucro, y sostuvo que el cementerio debe mantener su carácter de lugar de recogimiento en lugar de transformarse en un espacio comercial.
Ante ese escenario, la administración porteña optó por cancelar directamente la convocatoria, antes incluso de que trascendiera qué empresas estaban interesadas en quedarse con la concesión.
Cómo iba a ser el local que finalmente no abrirá
El pliego de la licitación preveía una concesión de cinco años, con un canon mensual base de $ 1.600.000. La empresa que resultara adjudicataria podría comercializar publicaciones, souvenirs, objetos conmemorativos y otros productos vinculados a la historia y la identidad del cementerio.
En materia gastronómica, la propuesta no incluía un restaurante ni mesas entre las tumbas: el permiso se limitaba a la venta de café, bebidas y alimentos simples para llevar. También contemplaba la organización de recorridos turísticos nocturnos, por los cuales la concesionaria debía cederle al Gobierno porteño al menos el 20% de los ingresos brutos.
La mezcla de cafetería, souvenirs y visitas guiadas entre bóvedas había despertado un fuerte debate público: ya que, mientras algunos veían positivo la incorporación de servicios pensados para el turismo, otros consideraban que suponía cruzar un límite ético y patrimonial.