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Cometer una falta de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires puede implicar un gasto muy alto. Con controles en la vía pública, radares y fotomultas, el esquema sancionatorio mantiene montos elevados que seguirán vigentes hasta la próxima actualización prevista para comienzos de marzo.
Las penalidades se calculan mediante la Unidad Fija (UF), que se ajusta cada seis meses en función del valor de la nafta premium. Cada UF tiene un precio de $ 798,51 y ese valor continuará vigente hasta el 2 de marzo de 2026.
La infracción más cara en CABA
Dentro del cuadro actual, la sanción más elevada corresponde a circular a más de 140 km/h. Esta conducta, considerada de alto riesgo, contempla multas de entre 400 y 4.000 UF. Con la cotización vigente, la penalidad máxima puede alcanzar los $ 3.194.040.
Las autoridades advierten que manejar a esa velocidad reduce el tiempo de reacción y aumenta la distancia de frenado, lo que eleva el riesgo de siniestros graves. Además del impacto económico, esta falta implica una quita importante de puntos en el sistema de scoring e incluso puede derivar en la suspensión de la licencia.
Aunque es la más costosa, no es la más común. El uso del celular al volante figura entre las faltas más habituales. En estos casos, la multa comienza en $ 79.851 y puede llegar a $ 159.702 si se comprueba que el conductor enviaba mensajes mientras manejaba.
Estacionar en lugares prohibidos, como rampas para personas con movilidad reducida o paradas de transporte público, tiene una sanción de $ 239.553. En tanto, circular sin cinturón de seguridad o con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida implica una multa de $ 79.851.
Descuentos por pago voluntario
La Ciudad mantiene el beneficio de pago voluntario, que permite reducir un 50% el monto de las infracciones no consideradas graves si se abonan dentro del plazo establecido. Sin embargo, en casos como el exceso de velocidad por encima de 140 km/h, el descuento suele no aplicarse por la gravedad de la falta.
Con estos valores, respetar las normas de tránsito no solo es una cuestión de seguridad vial, sino también una forma de evitar sanciones que pueden superar los tres millones de pesos.