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El Decreto 261/2011 establece las condiciones que deben cumplir los ciudadanos de Argentina para obtener el pasaporte, y contempla una serie de situaciones judiciales que pueden prohibir iniciar el trámite.
La normativa, vigente con modificaciones, determina que todos los argentinos tienen derecho a obtener el documento, pero fija excepciones vinculadas con restricciones judiciales a la libertad de circulación.
En esos casos, la persona puede encontrarse con un impedimento para obtener el pasaporte y, dependiendo de la resolución judicial que pese sobre ella, también puede establecer una prohibición para salir del país.
Quiénes no pueden obtener el pasaporte según el Decreto 261/2011
El artículo 2 del reglamento aprobado por el Decreto 261/2011 establece que los ciudadanos tienen derecho a obtener el pasaporte, salvó que estén comprendido en determinadas situaciones.
La primera alcanza a quienes hayan sido condenados a penas o medidas de seguridad que impliquen la privación o limitación de su libertad de residencia o de movimientos.
Esta restricción se mantiene mientras esas medidas no se hayan extinguido, excepto que exista una autorización del órgano judicial competente.
La segunda situación contempla a quienes tengan una orden de captura librada por una autoridad judicial competente o se encuentren en rebeldía dentro de un proceso penal.
Por último, tampoco corresponde la expedición cuando una autoridad judicial argentina haya prohibido expresamente la emisión del pasaporte o la salida del país respecto de esa persona.
Estas restricciones son las que pueden impedir que el trámite avance, por lo que no se trata de una prohibición general aplicable a cualquier ciudadano.
La orden judicial que puede bloquear el trámite del pasaporte y la salida del país
Uno de los puntos centrales de la normativa es la intervención de la Justicia de la Nación. El decreto contempla expresamente los casos en que exista una orden de captura, una declaración de rebeldía o una decisión judicial que restrinja la circulación.
En particular, el inciso c) del artículo 2 establece que el pasaporte no podrá ser expedido cuando una autoridad judicial haya dispuesto la prohibición de emisión o de su salida del país.
Por eso, es importante distinguir dos escenarios: que una persona no pueda obtener el pasaporte y que tenga prohibido salir de la Argentina no son necesariamente lo mismo. La segunda restricción debe surgir de una decisión judicial que limite la salida del territorio nacional.
Cuánto dura el pasaporte y qué pasa si una persona ya tiene uno
El reglamento establece además que el Pasaporte Ordinario para Argentinos tiene una vigencia de 10 años para los mayores de edad y de 5 años para los menores.
Sin embargo, contar con un pasaporte vigente no elimina una eventual restricción judicial. La normativa contempla distintas circunstancias que pueden afectar la validez o hacer necesaria la emisión de un nuevo ejemplar.
El artículo 10 dispone que el documento caduca, entre otros supuestos, cuando se agotan sus páginas para visas, cuando se deteriora o cuando se producen determinadas modificaciones en los datos identificatorios del titular.
Además, el artículo 18 establece que pueden solicitarse nuevos ejemplares por vencimiento, extravío, sustracción, deterioro, rectificación del DNI, cambios en la nacionalidad, falta de espacio para diligencias o cambios en el orden fisonómico.