El diferendo, que se solucionó hace pocos días, entre los transportistas que prestan ese servicio para el acero de Siderar, esta empresa y el sindicato de camioneros, puso de manifiesto el debate que siempre se da a partir de la conflictividad laboral.
Las tensiones entre empresarios y trabajadores no deben tomarse como una mala palabra. Son inherentes a la actividad productiva. Forman parte de la puja distributiva y de la rentabilidad que cada uno de estos sectores pretende. Tiene que ver con las condiciones laborales, el trabajo decente, registrado y la dignidad de los trabajadores, muchas veces postergada.
Todo conflicto humano, para ser resuelto, requiere de un conocimiento cabal de los problemas que lo componen. En todos los órdenes. Y, por supuesto, también es así en el ámbito del trabajo. Más allá de los cuestionamientos que se hacen a las metodologías de protesta utilizadas y a las críticas que se le puedan hacer a sus causas, el problema existe. Es real. Es tan razonable que exista como que se solucione.
Para comprender el cambio de época y de contexto del trabajo en el que estamos inmersos se requiere también de una fina sensibilidad. Asistimos hoy a una reconfiguración de los entornos laborales, luego de un extenso período en el que era común precarizar el trabajo y en el que la acción directa constituía una respuesta casi natural de los afectados para hacer valer sus derechos. Pero la actual es una época nueva. Las reglas han cambiado pero existe una variedad de canales institucionales para procesar los conflictos.
En esta lógica resulta indispensable la responsabilidad y el compromiso de todos. De los empresarios. De las empresas nucleares. De sus proveedores. Y de los sindicatos.
La legislación laboral vigente exige la registración de los trabajadores, el cumplir con los beneficios sociales, la prevención de los riesgos de trabajo, el pago de los salarios y, por supuesto, hacer efectivos los aportes previsionales. Quien no cumple con estos requisitos no solo está despojando de sus derechos a los trabajadores, que son protagonistas del crecimiento económico, sino que está incumpliendo con la ley. Claramente, está desarrollando su actividad en forma ilegal, aunque sea parcialmente. Y para esto no hay excusas. La Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 30, es clara. Sostiene que las empresas que subcontraten deben exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. Dicho de otra manera, deben cerciorarse que quienes trabajan con ellos en forma tercerizada lo hagan en el marco de la ley. Esto es mejor para todos.
En términos de Responsabilidad Social Empresaria, los contratos que vinculan a las empresas con sus proveedores necesariamente deben incluir compromisos hacia la calidad del empleo. Del mismo modo que a los proveedores se les requieren normas de calidad, cumplimiento de plazos de entrega, se les tiene que exigir también el compromiso sobre el trabajo registrado. La competitividad no puede sostenerse en factores como la mano de obra precaria, barata o informal. Debe sustentarse en una actitud genuina basada en la innovación, en la mejora continua de y para todos los factores de la producción, en el agregado de valor a los recursos naturales, en la capacitación de la mano de obra y, por sobre todo, en el respeto a la ley. Resulta indispensable, entonces, que las grandes empresas puedan redefinir la noción de “trabajo decente , entendiendo que la influencia de esta dimensión incide no sólo sobre las relaciones laborales directas sino también sobre su cadena de valor e incluso sobre las economías en las que se inserta.
De la misma manera, y aun en el reconocimiento explícito de la legitimidad de los reclamos sindicales, hoy resulta también imprescindible una actitud responsable a la hora de manifestarlos. En este sentido, las demandas que contemplan las necesidades de los trabajadores no deben perder de vista a todo el conjunto de la sociedad y a la evolución positiva de su economía. Un crecimiento económico y social que los argentinos nos merecemos, que venimos experimentando desde el año 2003 y que todos debemos cuidar y consolidar.
Expresaba al principio que las tensiones son inherentes a la relación de los empresarios y de los trabajadores. Que forman parte de su lógica. Que la mejora en la distribución en el marco del crecimiento económico significa más crecimiento. Así lo entendemos desde el Gobierno. Así lo expresa la Presidenta que sostiene al trabajo en el centro de las políticas públicas, con el claro objetivo de construir una Argentina con todos y para todos.
