El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruso, suspendió las declaraciones indagatorias de dirigentes rurales y de la oposición que iban a comenzar hoy y se iban a extender a lo largo de toda la semana en el marco de una causa que se les imputa cortes rutas durante marzo en la localidad bonaerense de San Pedro, mientras protestaban contra las retenciones móviles a las exportaciones. La medida fue tomada a raíz de una presentación judicial del abogado del titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, que alegó la falta de acceso a una serie de videos que forman parte del expediente. Ante esa solicitud, el juez suspendió las 14 declaraciones indagatorias previstas en la causa. Además de Llambías, estaban citados Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria, Raúl Victores, de la Sociedad Rural de San Pedro, las dirigentes de la oposición y ex diputadas nacionales Margarita Stolbizer (Coalición Cívica) y María del Carmen Alarcón (Pampa Sur), el intendente de San Pedro, Mario Barbieri, Silvio Corti de Federación Agraria, Luis Ducret, presidente de la Sociedad Rural de Baradero y otros seis funcionarios de los gobiernos de Ramallo y San Pedro. Hasta el jueves a la tarde en el juzgado federal de San Nicolás no habían recibido ningún pedido de postergación de fecha ni de suspensión de las indagatorias. Pero el viernes a última hora Villafuerte Ruso decidió suspenderlas ante la presentación del letrado de Llambías, Aldo Balassone. El magistrado no fijó las nuevas fechas de indagatorias pero se realizarán después del 8 agosto cuando finalice la feria judicial de invierno que comienza el próximo viernes. Los ruralistas y los dirigentes de la oposición están acusados de cometer uno de los delitos contra la seguridad pública contemplados en el Código Penal: los cortes de ruta. Se trata de una causa que se inició a raíz de cortes de la ruta nacional 9 que se realizaron entre el 19 y el 27 de marzo y en la que varios dirigentes políticos y agropecuarios fueron imputados por el fiscal federal Juan Murray, quien pidió las indagatorias aceptadas luego por el juez. A todos se les imputa el delito previsto y reprimido en el artículo 194 del Código Penal que castiga al que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire , y que es excarcelable.