

La causa por los gastos de campaña de Cristina Kirchner levantó temperatura en las últimas horas. Tanto que, aunque había sido delegada por el ex juez federal Guillermo Montenegro a un fiscal, ahora el magistrado Norberto Oyarbide asumió el control de la investigación y decidió hacerse cargo en persona del expediente porque se trata de un “tema sensible , según revelaron fuentes judiciales en diálogo con El Cronista.
Oyarbide también lleva otra causa sensible para el Gobierno: Skanska, expediente que reactivó en los últimos días -y después de más de siete meses de parálisis- al disponer varias medidas de prueba.
Ahora, el juez federal le pidió al fiscal Eduardo Taiano que le remita de inmediato el expediente en el que se investigan los viajes de Cristina Kirchner al exterior durante 2007, mientras estaba en plena campaña electoral.
“Es una causa sensible, y por lo general este tipo de expedientes nunca son delegados a los fiscales , dijeron las fuentes consultadas, al justificar la decisión del magistrado para que la investigación sea devuelta a la órbita judicial.
Allegados al tribunal indicaron que los delitos investigados podrían ser peculado o malversación de caudales, entre otros, previstos y reprimidos en el Código Penal, que habrían perjudicado el erario público.
De hecho, el fiscal activó la causa pidiendo informes a Cancillería y a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia para que informe de dónde salieron los fondos y quién autorizó los viajes que realizó Cristina Kirchner cuando era senadora nacional, primera dama y candidata a la Presidencia.
Durante el año pasado, la actual jefa de Estado viajó acompañada de su comitiva a Francia, Ecuador, Venezuela, México, los Estados Unidos, España, Alemania y Austria, entre otros países.
En esos cinco viajes realizados al exterior, que duraron en total 24 días, se habrían gastado ocho millones de pesos, alquilando incluso aviones privados.
La denuncia, interpuesta en plena campaña electoral, puso de relieve que para esos viajes -que tenían como finalidad la instalación internacional de la candidata kirchnerista a la Presidencia de la Nación-, se habrían empleado viáticos, aviones y automóviles oficiales.
El caso comenzó con la denuncia presentada el 2 de octubre último por los abogados Ricardo Gil Lavedra (dirigente de la UCR), Julio César Strassera y Andrés D Alessio, en base a informes de la prensa.
Según la denuncia, “el uso de partidas del presupuesto para algo distinto de lo que está fijado constituye el delito de malversación .
De acuerdo a la presentación y a declaraciones del denunciante Strassera, se habrían alquilado cinco aviones, uno de Air France por tres millones de pesos, y además se habrían pagado propinas por un total de 8 mil dólares.










