El conflicto Gobierno vs. campo, que mantiene en vilo al país desde hace más de tres meses y que está dividiendo a los argentinos, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya fueron varios los fallos judiciales amparando a productores contra la suba de las retenciones móviles que intenta aplicar el Poder Ejecutivo. Muchos hablaron que estos impuestos eran confiscatorios y anticonstitucionales y es por eso que los suspendieron judicialmente. Charlando informalmente con algunos integrantes del máximo tribunal de Justicia, todos coincidían en que no tenían la más mínima intención de verse involucrados en la disputa entre los ruralistas y el Gobierno. Sin embargo, un ex ministro de Justicia y ex integrante de la denominada “Corte menemista , Rodolfo Barra, logró acortar camino y llegar rápidamente al alto tribunal, al presentar una acción a favor de la provincia de San Luis, en contra del Estado Nacional. La Corte no tuvo otra opción que aceptar su “competencia exclusiva y originaria en la demanda que el ex gobernador puntano Adolfo Rodríguez Saá inició contra el gobierno nacional. San Luis le exige al Estado que declare la inconstitucionalidad de varias normas decretadas por el Ejecutivo y que se condene al Estado nacional a pagarle una suma millonaria por la deferencia entre lo que recibió como coparticipación tributaria y lo que hubiese recibido de no haberse aplicado las medidas que impugna. Desde la Corte, Carmen Argibay expresó que el alto tribunal debe intervenir “por una cuestión de competencia , pero aclaró que “falta mucho tiempo para que se expida sobre el tema ya que el proceso recién comienza. La Justicia, de acuerdo al código de Procedimientos, dará vista al Ejecutivo que tendrá 60 días para responder la demanda, y no hay forma de acelerarlo. Todo indica que a pesar de los intentos mediáticos desde sectores de la oposición de tratar de acelerar los plazos procesales, no se logrará un fallo de la Corte en el corto plazo. Los legisladores del PRO Federico Pinedo, Paula Bertol y Julián Obiglio presentaron una acción para que se declare la inconstitucionalidad de la resolución que estableció las retenciones móviles y solicitaron que la Corte asuma el caso por la vía del per saltum, que según fuentes judiciales, esta petición será rechazada. Mientras tanto se sabe que la estrategia del poder político será “dilatar los tiempos judiciales . Comentaron que se tomarán todo el tiempo necesario para dar cumplimiento con todos los pasos procesales y aguardar, “a largo plazo la decisión judicial. Mientras tanto, en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal miran con preocupación todo el conflicto, porque temen que la pelea gobierno-campo desemboque en una cataratas de amparos, que algunas entidades ruralistas están impulsando. Muchos comparan estos amparos de los productores con los que en su momento realizaron los ahorristas por el llamado corralito financiero. En los últimos días hubo presentaciones judiciales en los juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, que han tenido decisiones favorables y adversas en acciones similares.