Las elecciones legislativas del 4 de diciembre en Venezuela tuvieron una participación electoral del 25% con un nivel todavía menor en los barrios de clase media de Caracas y de los principales centros urbanos del interior del país. No es un porcentaje significativamente inferior al promedio histórico de la República del Punto Fijo (Cuarta República 1958-1993), que oscila entre el 65/70%. En Venezuela el voto es obligatorio, sólo que no se sanciona su incumplimiento.
La participación electoral es sustancialmente mayor en las elecciones presidenciales del 98 en adelante, o en las que está en juego el factor plebiscitario de Hugo Chávez (julio del 2000, referendo revocatorio de agosto del 2004).
La clave de los comicios del domingo pasado no reside en su bajo nivel de participación, sino en la decisión de los partidos de oposición de boicotearlas. Es un punto de inflexión en la historia de la República Bolivariana, y probablemente de América del Sur. Mas allá del argumento especifico utilizado para fundar la decisión del retiro (trazabilidad del voto en el sistema electrónico de elección), en forma implícita, con la elocuencia brutal de los hechos, la oposición venezolana desconoce, en forma probablemente irreversible, la legitimidad de la constitución bolivariana y del sistema político liderado por Chávez.
No hay en adelante terreno común, espacio de consenso, entre el chavismo revolucionario y su oposición. La alternativa es la acción directa y el movimiento insurreccional en las calles.
Lo ocurrido en Venezuela no es una excepción. Un hilo rojo recorre América del Sur. Después de 1989, son trece los presidentes constitucionales derrocados por insurrecciones callejeras antes de terminar su mandato.
El 18 de diciembre hay elecciones en Bolivia. La cuestión es lo que viene después, en un país donde no hay segunda vuelta y en el que los últimos dos presidentes constitucionales fueron derrocados por la insurrección de su sociedad civil.
