Nadie puede negar las ventajas económicas, políticas y sociales de tener una inflación moderada, especialmente en un período electoral. Pero tampoco se puede negar que cuando una economía sufre una necesaria modificación de sus precios relativos, subsisten por un tiempo desajustes que generan nuevos impulsos inflacionarios. Desde el año 2002, el peso se devaluó un 200%, y además, algunos precios externos crecieron más del 50% en dólares. Por otra parte, muchos precios de servicios privados y públicos permanecieron fijos, al igual que muchos salarios y otros ingresos.

Recordemos que la inflación del 2003 y del 2004 fue exageradamente baja, totalizando en los dos años un 10% acumulado; mucho menos que la de cualquier otro país después de una maxi devaluación, y sólo una fracción de lo que el FMI o el propio Gobierno habían proyectado. Esto fue posible por las secuelas de la deflación, el alto desempleo y la capacidad ociosa, además del congelamiento de tarifas y salarios. Pero es probable que esa inflación tan baja sea ahora compensada por algunos años de un mayor incremento de precios, necesario para gradualmente llegar a un nuevo equilibrio de los precios relativos, consistente con el equilibrio fiscal y las necesidades de crecimiento y reducción de la pobreza que exige la Argentina de hoy.

En los 7 meses del 2005 la inflación minorista ya acumula un 7,1%, y casi un 30% de ese incremento se explica por productos alimenticios, especialmente carne y lácteos. Y casi todo el resto es explicado por la recuperación de servicios medicinales, educativos, o vinculados a la vivienda. Esta inflación no es el resultado de una política monetaria expansiva, sino la postergada adaptación de los precios de algunos productos agroindustriales con demanda internacional y de la recuperación de los márgenes en otras actividades que estuvieron muy castigadas por la recesión.

Efectivamente, carnes y lácteos, al igual que los pollos y otros alimentos, están experimentando una muy favorable demanda externa y sus exportaciones se están multiplicando, lo que genera empleo y divisas para el país. Estas actividades, especialmente la ganadera y la lechería, tienen que hacer inversiones que son de lenta maduración, por lo que el surgimiento de mercados externos siempre provocará durante un período un cierto incremento en los precios internos que deberá tolerarse.

Lo mismo sucede con los servicios privados, que achicaron sus márgenes durante la gran recesión que empezó en 1998 y con toda lógica pretenden ahora recuperarse. Ya les llegará –esperemos que pronto– el turno a los servicios públicos, cuyas tarifas residenciales siguen congeladas, generando una injusta ventaja para los más ricos, mientras que las familias más pobres pagan garrafas a precios internacionales.

Y otro tanto acontece con los salarios, ya que los gremios estuvieron sosegados por el gran desempleo y recién en los últimos meses consideran que pueden luchar por un mejoramiento de las retribuciones. Este es un proceso normal y necesario en el capitalismo moderno y debe ser aceptado, más allá de las puntuales incomodidades que las disputas generen. Pero es muy importante que las mejoras salariales no sean generalizadas, ya que habrá sectores y/o empresas que no podrán pagarlas y no debemos generar condiciones para una mayor informalidad laboral. Lo ideal es que sean otorgados y debatidos a nivel de empresas y que en el caso de los estatales, en el marco de reformas más amplias en los convenios, que incrementen la productividad.

Esta mayor inflación no tiene por qué desatar un proceso parecido al de los años ‘70 u ‘80, ni siquiera iniciar una puja retributiva. En la medida que el Gobierno mantenga un importante superávit fiscal, la economía abierta y desregulada, y un stock de reservas que aseguren la estabilidad cambiaria, no hay riesgos de experimentar alta inflación en los próximos años. El Banco Central debería jugar un rol pasivo o adaptativo, preservando la estabilidad cambiaria y sin estar sometido a un programa monetario que quizás deba ser revisado. Es más importante que las tasas de interés sigan siendo muy bajas y que se generen condiciones favorables para la inversión productiva, incluyendo la eliminación de la incertidumbre energética, y el surgimiento de financiamiento a largo plazo.

En el mediano plazo, sólo una mayor oferta de bienes y servicios nos protegerá de la inflación, sin tener que nuevamente caer en soluciones recesivas. Recordemos que el tan admirado milagro chileno, que comenzó hace poco más de 20 años, transitó sus primeros cinco años con una inflación anual promedio del 21%. Consecuentemente, lo más preocupante del actual rebote inflacionario, ‘no es la enfermedad’ sino la eventual adopción de los remedios –monetaristas o dirigistas– que ya han fracasado en el pasado.