“Ser abogada fue uno de los objetivos de mi vida , dice Silvia Fernández de Gurmendi, que pasa sus últimos días como Directora de Derechos Humanos de la Cancillería y se prepara para instalarse en La Haya como flamante jueza de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta jurista cordobesa de 55 años fue elegida entre cinco candidatos (cuatro latinos y uno de Asia) para sumarse al tribunal que juzga crímenes de lesa humanidad y que integrará por ocho años. Es la primera argentina en integrar el tribunal y se cruzará en los pasillos y en los estrados con Luis Moreno Ocampo, actual fiscal en la misma Corte. A Fernández de Gurmendi, que participó de las negociaciones que durante una década le dieron forma y sustento legal a esta Corte, integrarla le parece una evolución natural.

l ¿Por qué quiso postularse como jueza de la CPI?

- Ha sido la culminación natural de 14 años de involucramiento en su creación. Tantos años de participación son debidos a que considero que esta CPI es un gran avance en la lucha de la comunidad internacional contra la impunidad y para incentivar a los estados a que lo hagan también.

l ¿Cómo se decide qué puede hacer una Corte Penal Internacional?

-Fue una negociación muy compleja porque queríamos lograr amplios acuerdos. Había mayoría de países que estaban a favor de crear la CPI y que tuviera ciertos elementos. El grupo que lideraba la negociación, que integraba la Argentina, siempre tuvo en claro que hacían falta esos consensos. Se trataba de lograr amplio sustento para cada propuesta y ampliar la base de sustentación sin socavar la eficacia de la institución.

l ¿Cuáles fueron los mayores logros y qué se necesita mejorar?

- Durante la negociación, se puso por encima de todo la soberanía de los países, destacando el papel complementario de la CPI. Era un papel diferente del que tuvo la Corte que juzgó los crímenes de la ex Yugoslavia, que tenía primacía sobre los estados, por ejemplo. La CPI es complementaria, de último recurso, cuando el Estado no quiere o no puede actuar. Sólo puede tener una contribución eficaz en la lucha contra la impunidad si incentiva la acción de las naciones.

l ¿Hace falta agregar nuevos delitos que puedan ser juzgados por la CPI?

- Los delitos de competencia de la CPI se discutieron mucho y se llegó a un acuerdo de limitarnos a los más graves crímenes internacionales que ofenden a la comunidad en su conjunto, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Y se incluyó al crimen de agresión, pero hace falta que se defina el delito para que la Corte pueda ejercer su competencia.

l ¿Cuál sería un delito de ese tipo?

- Esa definición la podría hacer el Consejo de Seguridad y no la CPI. El año que viene habrá una convención de revisión y podría haber un acuerdo para que la CPI sea competente en estos temas. Después de Roma sigue la discusión sobre si deberían incluirse el terrorismo, el narcotráfico, los delitos económicos o ambientales. Pero hasta ahora no ha habido consenso.

l ¿Cómo son los tiempos procesales en la Corte? ¿Se acumulan causas?

-La Corte tiene un trabajo muy duro en la investigación de los delitos. Pero como no tiene policía ni servicios de inteligencia propios, para que pueda investigar tiene que contar con la colaboración de los estados. Tampoco puede reunir pruebas en el terreno sin permiso de los países. Entonces, las dificultades de investigación son muchas. En el caso de Darfur, por ejemplo, la fiscalía ha hecho la investigación con testimonios y pruebas recogidas fuera del territorio, porque no ha podido ingresar al lugar. Además, para juzgar a las personas, necesita arrestarlas con colaboración de los estados y llevarlas a La Haya. Aquí no existen juicios en ausencia. La Corte empezó a funcionar en 2003 y en estos años ha logrado abrir investigaciones en Congo, Uganda, República Centroafricana y Sudán. Y ha logrado arrestar y llevar a juicio a algunas personas para iniciar las acciones.

l ¿Incidió en su designación el juicio a las Juntas militares impulsado por el país?

-El tratamiento que dio la Argentina a este tema es ejemplo en el mundo. Son pocos los países que han hecho tanto esfuerzo para llevar ante la Justicia a los responsables individuales de esos crímenes. El juicio a las Juntas es una iniciativa emblemática que permitió a la sociedad comprender la magnitud de lo ocurrido, que había existido un plan sistemático de terror. Con los esfuerzos previos de la CONADEP y el juicio hemos sido un ejemplo al mundo, con avances y retrocesos con las leyes que se dictaron con posterioridad.

l ¿Cómo se enmarca ahí la ley que habilita la extracción compulsiva de ADN para comprobar la identidad de un posible hijo de desaparecidos?

- Es un tema complejo que plantea cuestiones difíciles de resolver y conciliar. Lo ideal sería que la extracción de muestra para la identidad de personas sea hecha de manera voluntaria, ése es el principio general que debe ser aplicado, porque es lo que mejor preserva la libertad de la persona y se evita una doble victimización. Cuando estamos en presencia de contextos tan extremos como el que vivió la Argentina, es necesario conciliar los derechos individuales con los de otros individuos y de la sociedad en su conjunto de saber.

l Si se hace de esta manera, ¿no hay una doble victimización?

- No hay soluciones perfectas porque en la situación que vivió la Argentina, donde se violaron los DD.HH. de manera sistemática y hay numerosas víctimas y familias que han sufrido... Es de esperar que se tomen todos los resguardos del caso para evitar al máximo victimizar doblemente a las personas que ya sufrieron. Pero deben tenerse en cuenta los intereses generales sustantivos que hay que proteger.

l ¿Qué evaluación histórica hace del juicio a las Juntas y del trabajo de los fiscales y los movimientos de DD.HH.?

- El juicio a las Juntas fue clave para el retorno a la democracia y transitar un camino de enmienda del pasado. A (los ex fiscales) Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo y a quienes estuvieron involucrados en ese proceso hay que reconocerles un aporte histórico. Volver a la democracia y lograr todo lo que se logró desde 1983 hasta ahora ha sucedido gracias al impulso de los organismos de DD.HH..

l ¿La reconciliación nacional es una meta o un camino que se transita siempre?

-Es un proceso muy extenso que creo que no se termina nunca. Nosotros integramos una organización internacional para la enseñanza, la investigación y la memoria del Holocausto, que ocurrió hace 60 años. Y creemos que este es el camino para prevenir y evitar que estas atrocidades vuelvan a ocurrir. z We

“Quiero una corte global

Silvia Fernández nació en Córdoba y aunque lleva 30 años fuera de su provincia, se acentúa en su voz una suave tonada. Estudió abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba y se doctoró en la UBA. A los 25 años viajó a Francia para hacer una maestría, volvió para ingresar en la carrera diplomática y luego fue trasladada a Nueva York. Luego, su destino se ligó a los DD.HH. y a la creación de la base sobre la que daría sus primeros pasos la CPI que ahora integra. Dice que su objetivo será lograr que la Corte sea universal. “Hoy tiene vocación global, pero aún no lo es. Tiene 110 estados parte y falta que se sumen muchos .