El Poder Ejecutivo ha elevado al Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto que una vez aprobado regirá el año próximo. Como es de rigor, la presentación contempla iniciativas sobre ingresos y gastos que configuran, entre otras cosas, verdaderas definiciones de política económica. La intención de prorrogar por diez años los impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y a los Bienes Personales y por dos períodos el Gravamen que recae sobre Débitos y Créditos Bancarios, denominado impuesto al cheque, amerita algunas consideraciones.

La primera tiene que ver con la implícita reticencia que supone no examinar previamente el sistema tributario como un todo para ir adoptando correcciones razonables y parciales, de modo que no deparen sorpresas ni demanden tanto tiempo como el que requeriría una reformulación integral del mismo.

Tal vez sea el impuesto a las Ganancias el que debería demandar un mayor esfuerzo de análisis, habida cuenta que su estructura actual es el resultado de múltiples reformas, algunas de las cuales no son siempre compatibles con lo que debería ser la base cierta de imposición de personas físicas y jurídicas. Un interminable rosario de exenciones que configuran en algunos casos una ostensible desarticulación de sus principios, a la vez que facilitan la perforación de la capacidad contributiva que legitima la contribución, es un caso, más allá de excepciones a favor de ingresos financieros y transferencias de valores que exteriorizan fuertes manifestaciones de capacidad contributiva, cuya marginación supone una verdadera rémora que excede el eventual rendimiento que aportaría la inclusión de los intereses cuya recaudación no superaría los 400 millones de pesos o el 0,13% de la recaudación en 2009. (Groppa, Victor Periódico Económico La Ley 28.8.2009).

La intención de captar ingresos apelando a lo que se denominó la imposición sobre la Ganancia Mínima Presunta confirma la necesidad de examinar las categorías impositivas en vigencia, sobre todo en casos como este, que no sólo incomoda arbitrariamente a los obligados, sino que además carece de interés fiscal, desde que con suerte rendirá unos 1.300 millones de pesos sobre un proyectado global de 350.000 millones esperados. El ajuste que hemos sugerido sobre el Monotributo que podría rondar 3.500/4000 millones, superaría esos ingresos, evitando, además, penalizar el capital de trabajo de contribuyentes de escasa significación.

Lo que no resulta razonable es el mantenimiento de los impuestos sobre los Bienes Personales y sobre los Débitos y Créditos Bancarios. Éste ofrece un buen rendimiento para el estado y las provincias que comparten la recaudación, 70 y 30% respectivamente. Empero, ambos son incompatibles con los modernos y progresivos criterios de tributación. El primero ya casi no rige en el mundo. Zapatero lo derogó hace muy poco tiempo en España desde que se limitaba a gravar sólo los bienes registrables como viviendas y automotores, convirtiéndose en regresivo y discriminatorio contra la clase media que los gobiernos tienden a ampliar y fortalecer. En nuestro caso aportaría unos 4200 millones o el 0,35% del PBI. Además, paradójicamente, promueve la fuga de capitales cuando el país busca financiamiento externo.

El impuesto al cheque según la jerga es más interesante. Podría rendir unos 24.000 millones equivalentes al 40% de Ganancias y obviamente dificulta su derogación. Sin embargo, sus efectos en una economía desmonetizada como la Argentina debería urgir una estrategia que contemplara su eliminación. Abona esta idea el costo que entre depósito y giro supera el 1%, el atractivo de la evasión para sortearlo y su fuerte impacto en la potencial base crediticia del sistema desde que limita la intermediación bancaria. Que hoy resulte indispensable para la Caja Oficial, no debería disimular el enorme problema macroeconómico anejo a su vigencia ni justifica dilaciones. Si se observara con más atención el nivel, la calidad y la necesidad de cierto gasto público, sería dable advertir que mediante una mayor transparencia en torno de las erogaciones públicas, las correcciones que aquí se formulan resultarían rápida y definitivamente viables en obsequio de lo que no se menciona en la atmósfera política argentina: unir el interés y el deber. El resultado sería altamente provechoso. Es una cuestión de responsabilidad y de decoro en la ética pública.