La búsqueda de financiación para montar nueva infraestructura energética –en especial, la que permita ampliar la capacidad de transporte de gas, aumentar el parque generador eléctrico y tender nuevas líneas de alta tensión– es un desafío clave para los casi dos años de gestión que aún debe recorrer Néstor Kirchner.
Pese al ambicioso Plan Energético que el Ejecutivo lanzó en mayo de 2004, hasta ahora los objetivos contenidos en esa propuesta sólo se materializaron (en buena parte de los casos) con aportes del propio Estado o entidades públicas. Y cuando no fue así, el Gobierno se vio obligado a librar verdaderas pulseadas para lograr la concurrencia (forzosa) de los privados, poco dispuestos a invertir en firmas que aún deben discutir su sendero de tarifas y precios.
Un buen ejemplo lo dan las ampliaciones de los gasoductos de TGS y TGN. Para concretarlas, el Gobierno ideó la figura del fideicomiso, confiando en que bancos privados y AFJP se sumarían como inversores. Pero eso no ocurrió y, en la práctica, Planificación mantuvo una disputa de meses con Petrobras –que desde Brasil recibió la orden de fondear la expansión en TGS sólo con préstamos del Bndes, garantizados por el BCRA–, y el Ejecutivo tuvo que apelar a Repsol YPF para que pusiera los u$s 100 millones que financian el 50% de la obra en TGN.
Algo similar ocurrió con las dos generadoras térmicas que impulsa el Gobierno para sumar 1.600 MW al parque eléctrico, con un costo de u$s 900 millones. Energía ideó el Foninvemem en julio de 2004, “invitando a las ocho principales eléctricas a “invertir sus acreencias con Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista. Tras varias postergaciones, Endesa, Total, AES, Petrobras y CMS dieron el sí en diciembre, y Pluspetrol, Duke y Capsa-Capex, en abril. Pero el Gobierno aún no logró firmar un acta acuerdo final con esos grupos.
