Las empresas productoras de semillas salieron ayer con toda su artillería a criticar una reciente resolución oficial que libera por 90 días los controles para aprobar nuevas variedades de maíz, lo que según el sector supone un ataque directo a los derechos de propiedad intelectual.

El malestar es un factor común por estos días entre los directivos por la decisión de la Secretaría de Agricultura que amenaza con generar una polémica similar a la que mantiene el Gobierno con la empresa Monsanto por el gen RR de la soja transgénica.

En el caso actual, la normativa 71/2006 del 17 de febrero pasado establece que en un plazo de 90 días no se aplicarán los mecanismos previstos para la aprobación de nuevos eventos biotecnológicos del maíz. En particular, la resolución libera de responsabilidades a los que produzcan semillas que tengan incorporado el gen GA21, de la empresa Syngenta.

“El hecho es de extrema gravedad institucional, pues deja de aplicarse de forma arbitraria una normativa altamente calificada que rige el proceso de aprobación de cultivares transgénicos que preserva la bioseguridad, involucrando toda la cadena de control científico nacional y restando seriedad y transparencia al sistema , aseguró ayer Raúl Palmieri, presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), durante una conferencia de prensa que brindaron varias entidades del sector. Entre otros, dijeron presente la Asociación de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov), así como las entidades que nuclean a los productores de maíz, soja y girasol, y varios investigadores en biotecnología.

Las entidades calificaron de “gravísima, innecesaria y arbitraria la decisión del Gobierno y aseguraron que supone una señal muy negativa para la llegada de nuevas variedades transgénicas al país. Además, usaron como bandera principal de su reclamo el supuesto riesgo que para la bioseguridad y la protección del medio ambiente puede traer la liberación temporaria.

Abrir el juego

En los hechos, la resolución vigente permite que cualquier empresa pueda registrar nuevas variedades del maíz RR (resistente a glifosato) sin pagar derechos al desarrollador de esa tecnología. ES el caso del GA21, Syngenta. La Argentina aprobó por primera vez en 2005 dos maíces transgénicos, uno de la empresa mencionada y otro de Monsanto. Aunque ayer nadie estaba disponible en la Secretaría de Agricultura para responder a la ofensiva de los fabricantes de semilla, en el sector presumen que la intención oficial es permitir que ingresen nuevos jugadores para que este negocio no quede en manos de sólo dos compañías.

Tanto el gen RR de la soja como el del maíz no cuentan con patente registrada en el país, por lo que otras empresas que quisieran usar esa tecnología para sus propias semillas podrían hacerlo. Hasta ahora, el uso de la oleaginosa se encuentra completamente liberado y son pocos los productores que pagan derechos que pasan a través de las empresas y terminan en manos de Monsanto.

Sin embargo, como el maíz es un híbrido y el campo debe adquirir las simientes antes de cada campaña, es fácil controlar la comercialización siempre que las semilleras paguen por el gen a la desarrolladora.

La aprobación del maíz RR fue recibida el año pasado con entusiasmo por el agro dado que muchos pronostican que el cereal podría experimentar una revolución parecida a la de la soja transgénica. El maíz se encuentra extendido por la mayor parte de la geografía agrícola argentina y es un insumo central para varias regiones ganaderas.