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Las elecciones de medio término de Estados Unidos se celebraron este 3 de noviembre y pusieron en juego las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 bancas del Senado.
Hasta los comicios, los republicanos tenían el control de ambas cámaras, pero el resultado cambió ese equilibrio y los demócratas recuperaron el control del Senado y superaron los 218 escaños necesarios para controlar la Cámara de Representantes. La nueva mayoría demócrata asumirá en enero de 2027.
Para Wall Street, el interés del nuevo Congreso pasa por las decisiones que puede tomar sobre presupuesto, impuestos, programas públicos y legislación sectorial, además de la capacidad de controlar y supervisar a los organismos federales.
Es claro que el Congreso no fija el precio de una acción y que éstas se mueven según las expectativas de los inversores sobre cada empresa, pero sí toma decisiones que afectan a distintos sectores de la economía estadounidense. Una ley, una partida presupuestaria o un cambio regulatorio puede alterar los ingresos, los costos o las inversiones de una compañía y terminar impactando en su cotización.
A esa operatoria podemos verla en áreas como salud, energía, bancos y defensa, donde las decisiones de Washington alcanzan negocios concretos de empresas que cotizan en Wall Street.
Salud: Medicare, Medicaid y los precios de los medicamentos
Salud es uno de los sectores donde las decisiones de Washington tienen un vínculo más directo con el negocio de las empresas que cotizan en Wall Street. Medicare y Medicaid mueven grandes volúmenes de recursos públicos y afectan a aseguradoras, hospitales, prestadores y farmacéuticas.
Medicare Advantage es uno de los principales puntos de contacto entre las aseguradoras y el Gobierno federal. El programa permite a aseguradoras privadas, como UnitedHealth Group, Humana, CVS Health y Elevance Health, administrar planes de Medicare.
El Congreso fija las reglas y el financiamiento de Medicare, mientras que los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) las aplican. Las decisiones de la agencia sobre pagos y condiciones de los planes pueden afectar directamente a las aseguradoras.
En abril de 2026, CMS publicó las reglas para Medicare Advantage y Part D para 2027. Días después, anunció un aumento promedio proyectado de 2,48% en los pagos a los planes, equivalente a más de US$13.000 millones. El efecto será diferente para cada aseguradora según los planes que tenga, sus calificaciones de calidad y sus costos médicos.
Medicaid funciona de otra manera porque combina fondos federales y estatales y, por eso, los cambios en el programa pueden tener efectos distintos sobre aseguradoras, hospitales y prestadores según las decisiones que tome cada estado.
Medicamentos
Los medicamentos ofrecen otro punto de contacto con Wall Street. Las decisiones federales pueden afectar a las farmacéuticas por la cantidad de medicamentos que venden y por el precio que reciben.
Los cambios en la cobertura pueden afectar cuántos pacientes acceden a un medicamento, mientras que la negociación de precios de Medicare puede reducir lo que paga el programa. Como la negociación se aplica de manera gradual, el impacto depende de qué medicamentos de cada laboratorio queden alcanzados y cuánto pesan en sus ventas.
En Wall Street, esa exposición alcanza a compañías como Eli Lilly, Merck, Johnson & Johnson y Pfizer. En cada caso, el efecto dependerá del peso que tengan esos medicamentos y las ventas vinculadas con programas públicos dentro de su negocio.
Energía: petróleo, renovables y electricidad
En energía, el Congreso puede intervenir sobre impuestos, créditos fiscales, permisos e infraestructura y, como venimos diciendo, cada una de esas decisiones impacta según el negocio de cada empresa.
En petróleo y gas, las reglas sobre permisos, explotación de tierras federales, impuestos y exportaciones pueden cambiar las condiciones en las que operan compañías como ExxonMobil y Chevron.
En las energías renovables, los créditos fiscales tienen un peso importante porque pueden cambiar el costo y la rentabilidad de nuevos proyectos. Allí aparecen empresas como First Solar y NextEra Energy.
Infraestructura eléctrica
Acá ya estamos hablando de otro frente. La expansión de los centros de datos, por ejemplo, aumenta la demanda de electricidad y obliga a ampliar la generación y las redes, y los permisos, los incentivos fiscales y el financiamiento de nuevas obras pueden cambiar el costo y la rentabilidad de esas inversiones.
Por eso, la exposición dentro del sector energético depende del negocio de cada compañía: las políticas que afectan a una petrolera pueden ser muy diferentes de las que inciden sobre una empresa de renovables o una utility.
Bancos: regulación, capital y crédito
Los bancos tienen una relación particular con el Congreso porque las leyes federales definen parte del marco en el que operan. Después, organismos como la Reserva Federal, la FDIC y la OCC traducen esas normas en reglas concretas y supervisan su cumplimiento.
Ese marco alcanza variables centrales para el negocio: cuánto capital deben mantener, bajo qué condiciones pueden prestar, qué reglas de protección al consumidor deben cumplir y qué límites enfrentan para fusiones, adquisiciones o nuevos negocios como los criptoactivos y las fintech.
Entre las compañías más expuestas están JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Un cambio regulatorio puede afectar su capacidad de prestar, el costo de cumplir las normas y el capital disponible para dividendos o recompras de acciones.
Esas variables terminan influyendo en la rentabilidad y las perspectivas de crecimiento de cada entidad, dos factores que el mercado incorpora al valorar sus acciones.
Defensa: presupuesto, programas y contratos
En defensa, el vínculo con el Congreso empieza en el presupuesto federal, que define qué programas militares reciben autorización y cuánto dinero se destina a cada uno.
Las leyes de autorización establecen los programas y las políticas de defensa, mientras que las leyes de apropiaciones asignan los fondos para llevarlos adelante. Un programa puede estar autorizado y, aun así, quedar frenado si el Congreso no le asigna los recursos necesarios.
Esa diferencia tiene un efecto directo sobre las empresas que trabajan para el Gobierno. En el ejercicio fiscal 2024, el Departamento de Defensa destinó US$445.100 millones a contratos, y Lockheed Martin, RTX, Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics concentraron el 30% de esas obligaciones, según el Congressional Research Service.
La exposición de cada compañía depende de los contratos que tenga y de los programas a los que estén vinculados. Una empresa muy concentrada en un sistema de armas queda más atada a la evolución de ese programa que otra con negocios distribuidos entre distintas áreas de Defensa.
Por eso, el gasto militar total ofrece una primera referencia, pero el impacto sobre Wall Street se entiende mejor al mirar qué programas reciben fondos y qué empresas tienen contratos vinculados con ellos.