"Se está trabajando en los detalles, va a estar cuando esté lista y sea técnicamente inapelable; no nos vamos a apurar. "Lo que queda pendiente son cuestiones legales", dijo el presidente Javier Milei en relación a esta iniciativa que será "como un blanqueo pero sin pago de impuestos, ya que no tiene fines recaudatorios, sino liberar que la gente use su dinero que antes no podía usar". En la normativa están ultimando los detalles desde ARCA, la UIF, el Ministerio de Economía y el Banco Central. Una de las opciones más factibles que manejan en los bancos es que la UIF levante algunas restricciones, o suba el límite para reportar las operaciones sospechosas (ROS), que hoy es de u$s 10.000 o su equivalente en pesos por cada depósito o transferencia, a un monto que podría llegar hasta los u$s 100.000, que son las típicas alarmas que saltan en las sucursales, a partir de lo cual deben informar al Central. De todos modos, los banqueros advierten que, hasta que no esté la normativa, desde las entidades no pueden tomar ninguna decisión. "Escuché opiniones contrapuestas sobre el proyecto, algunos no lo ven tan ambicioso como parece. Hay que esperar a ver cómo sale, porque hay compromisos asumidos con el GAFI y es muy difícil saber qué viene del colchón y qué viene del narcotráfico u otros delitos graves. Es la preocupación de los sujetos obligados. Pero hay que esperar a ver cómo sale", revela el director de una de las firmas de auditoría top de la City que sigue al dedillo estas cuestiones. "Sin acuerdo legislativo (situación muy factible), van a tener que encuadrarlo dentro de la normativa actual (BCRA, ARCA, UIF, GAFI) para que camine la idea. Si no, vamos a ser Corea del Norte en el sistema financiero internacional", coincide el CEO de una de las entidades más grandes del sistema financiero local. "Los reportes de operaciones sistemáticas nutren de información la matriz de la UIF", revela María Eugenia Marano, ex directora de Supervisión del organismo. Advierte que la Argentina es el país que más amnistías fiscales realizó en los últimos 50 años. Según los especialistas -incluidos los del Fondo Monetario Internacional-, la multiplicación de los blanqueos termina alentando la evasión impositiva de los sectores de mayores ingresos y, en caso de implementarse, deben ser medidas excepcionales. España, por ejemplo, realizó su última amnistía en 2012, para luego sancionar una ley que prohibía la realización de nuevos perdones. La Argentina también incumple otra de las recomendaciones que figuran en los estudios sobre el tema: las amnistías deben hacerse como parte de un paquete de medidas, que hagan a la política fiscal más equitativa y eficaz, y que al mismo tiempo establezca mayores controles para reducir la evasión futura. "Lejos de eso, en nuestro país la implementación de blanqueos tiene una lógica cortoplacista, transformándose en una herramienta a la que los gobiernos recurrieron para enfrentar coyunturas críticas". "El último perdón, sancionado por el actual gobierno es un ejemplo, ya que la amnistía derivó en el ingreso de dólares, que permitió sostener -por un tiempo- un esquema de depreciación cambiaria. Pero a pesar de la alta adhesión los efectos positivos se hicieron sentir en el corto plazo sobre las reservas, diluyéndose a medida que los problemas de fondo persistían", subraya Marano.