Una nueva normativa muy exigente en cuanto a compliance se aprobó en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, que generó un movimiento financiero que se hizo sentir en el mercado argentino: numerosos inversores que se resguardaban en esa jurisdicción prefirieron repatriar empresas y divisas a la Argentina.
“Estimaciones preliminares hablan de u$s 12.000 millones, de los cuales mucho ya ingresó”, indica el asesor financiero Martín Fernández Dubais a El Cronista.
En el macro de una serie de cambios en la Ley de Sociedades Comerciales que empezaron a ser aplicados para luchar contra el terrorismo, entre otros delitos, las Islas Vírgenes Británicas implementaron una nueva normativa para todas las personas que posean fondos o recursos económicos en esa plaza. Entre otras modificaciones de peso, se modificaron los requisitos para constituir empresas.
El 20 de noviembre, la Unidad de Sanciones de Islas Vírgenes (VISU, por sus siglas en inglés) publicó un aviso que exige a todas las entidades que posean o controlen fondos o recursos económicos o que estén en propiedad de una persona designada que presenten un nuevo informe anual, según el modelo proporcionado por el organismo, con los detalles de activos.
El reporte debe reflejar la situación al 30 de septiembre de 2025, indicando el valor de los activos en cuestión y abarca a fondos de inversión, administradores, custodios, fideicomisarios y estructuras que posean criptoactivos. Cubre activos tanto dentro como fuera de las Islas Vírgenes Británicas, si están sujetos al Reglamento de Sanciones Modificado.
Un paraíso fiscal
Las Islas Vírgenes Británicas son consideradas un paraíso fiscal y se caracterizan por ofrecer beneficios de capital y la posibilidad de estructuras financieras opacas. “Muchos argentinos han constituido firmas allí a lo largo de años, pero el problema es que ingresó a la lista Gris de OCDE”, apunta Fernández Dubais.
Ahora, el gobierno busca mejorar su calificación y, en ese tren, resolvió intensifican los controles exigiendo mayores detalles sobre los orígenes de los fondos, bajo apercibimiento que la VISU proceda a congelar los activos de las firmas y personas que no cumplan las exigencias.
Hasta esta reforma legislativa, cuyo deadline operó ayer, 30 de noviembre, los requisitos para constituir una firma eran presentar copias notariadas de los pasaportes y de los comprobantes de domicilio de todos los miembros.
Se pedía también una descripción completa de las actividades de su empresa (productos/servicios, sectores, principales países de operación) en 20-30 palabras, un perfil personal (CV, currículum vítae o perfil de LinkedIn) y comprobante de fuentes de financiación, que podían ser recibo de sueldo, extracto bancario o cualquier documentación oficial certificada.
“Muchos argentinos han constituido firmas allí a lo largo de años, pero el problema es que ingresó a la lista Gris de OCDE”, apunta Fernández Dubais.
Islas Vírgenes era uno de los pocos paraísos fiscales que no exigían declaración de origen de fondos que requieren la OCDE Y GAFI. Ahora, la VISU exige que toda persona que posea dichos fondos o recursos económicos los informe, independientemente del sector o la forma jurídica que revista.
Esto suele incluir fondos de inversión y cuentas gestionadas, administradores, custodios y depositarios, fideicomisarios y proveedores de servicios corporativos y estructuras que poseen criptoactivos, siempre que los activos sean propiedad, estén en posesión o estén controlados por una persona designada.