Un grupo de empresas mineras analizan recurrir a la Justicia para defender sus derechos ante el gobierno brasileño. Desde hace casi un año, el Departamento Nacional de Investigación Mineral (DNPM) y el ministerio de Minas y Energía (MME) mantienen suspendido el otorgamiento de autorizaciones para investigaciones en el área y liberación de nuevas concesiones para la apertura de minas con el objetivo de explorar nuevos yacimientos en el país.
Hay más de 5.000 autorizaciones para investigación y 55 ordenanzas de nuevas concesiones para abrir minas que esperan la firma del director general del DNPM, Sergio Dâmaso, y del ministro de Minas y Energía, Edison Lobao. Una instrucción verbal de la Casa Civil determinó la suspensión de esos procedimientos para evitar especulación con títulos mineros antes de que entre en vigor el nuevo marco regulatorio.
El Instituto Brasileño de Minería considera inconstitucional la medida, porque en función de ella la investigación en el sector y la apertura de nuevas minas están paralizadas en el país desde noviembre de 2011. El MME informó quien puede hablar sobre el asunto es el DNPM, ante una consulta de Valor. Pero el DNPM no se manifestó sobre el tema hasta el cierre de esta edición.
Paulo Sergio Machado Ribeiro, subsecretario de Política Mineral y Energética del Estado de Minas Gerais, tildó la decisión oficial como algo sin sentido, porque el nuevo código de minería ni siquiera llegó al Congreso y no tiene una fecha para entrar en vigor.
Machado Ribeiro cree que la decisión de Planalto de trabar el proceso de reconocimiento de nuevos derechos adquiridos en el área mineral puede explicarse por el principal cambio que pondrá en marcha el nuevo marco regulatorio: la entrada en vigor del proceso de licitación de derechos mineros por precio. Actualmente, es por lugar de llegada en el DNPM.