Nancy Hernandez se paró frente al famoso domo del Capitolio de EE.UU. con un cartel que rezaba "¡Reforma migratoria ya!". La mujer de 22 años viajó desde Michigan para sumarse a otras miles de personas que instaban a los legisladores a reformar el sistema migratorio de EE.UU.
Necesitamos un camino a la ciudadanía, dijo Hernandez, una soñadora - el término que define a los jóvenes que fueron llevados ilegalmente al país pero que ahora no conocen otro hogar y quieren convertirse en ciudadanos estadounidenses. Sus padres la llevaron a EE.UU. cuando tenía nueve años, junto a sus dos hermanos menores, en busca de una vida mejor.
Después de terminar la secundaria, Hernandez no pudo trabajar ni obtener la licencia de conducir, ni siquiera una credencial para la biblioteca porque no tenía la documentación necesaria. Entonces, realizó distintos trabajos temporarios y estuvo al borde de la depresión.
Pero cuando el presidente Barack Obama otorgó a los soñadores permisos de trabajo por dos años y suspendió las deportaciones en 2011, Hernandez pudo iniciar la educación terciaria y pensar acerca de su futuro. Ahora, la mujer quiere que esta solución provisoria se torne permanente mediante la implementación de una reforma integral. "Quiero ser trabajadora social. Me gustaría contribuir a la comunidad", dijo la joven.
Hernandez es una entre los 11 millones de inmigrantes ilegales que residen en EE.UU., muchos de los cuales no alcanzan su potencial, tratan de mantener un perfil bajo y viven en un manto de incertidumbre.
Si el Congreso logra reformar el resquebrajado sistema migratorio de EE.UU. este año, como espera Obama, cerca de 8 millones de trabajadores indocumentados saldrán de las sombras. Los grupos empresarios y los economistas sostienen que esta medida podría servir para impulsar la recuperación de la mayor economía del mundo.
El Senado está debatiendo un proyecto de ley bipartidista que, si se aprueba, podría abrir paso a los cambios más radicales que hayan tenido lugar desde que el presidente Ronald Reagan implementó las reformas que en 1986 hicieron posible que 3 millones de indocumentados obtuvieran la ciudadanía. El gobierno de Bush trató de aprobar más reformas en 2007, pero no consiguió el apoyo del Congreso.
El proyecto de ley del Senado permitirá a las personas que residen ilegalmente en EE.UU. solicitar un estado legal "provisorio", una vez que hayan pagado una multa y los impuestos atrasados. Después de transcurridos 10 años, estarán en condiciones de gestionar la tarjeta verde (green card) y obtener la ciudadanía tres años más tarde.
Los analistas señalan que los senadores han solucionado algunos de los problemas de la ley de 1986. Las reformas de la era Reagan hacían responsables a los empleadores de verificar la documentación de los inmigrantes, lo que resultó difícil de manejar e ineficaz. La nueva propuesta incluye medidas de aplicación y verificación.
Además, las reformas de 1986 tampoco tuvieron en cuenta que muchos inmigrantes llegan a EE.UU. por razones que no son económicas. Si bien en aquel entonces se entregaron visas a 3 millones de trabajadores ilegales, muchos dejaron a sus esposas e hijos en sus hogares. El reciente proyecto del Senado contempla la creación de un nuevo régimen de visas familiares para resolver este problema.
Mientras esta legislación se abre camino en el Senado y se trabaja en el nuevo proyecto, los defensores de la reforma migratoria se concentran en los beneficios económicos "como un rayo láser", dijo Angela Kelley del Centro para el Progreso Americano, un grupo de expertos con tendencia de izquierda que mantiene una estrechavinculación con la Casa Blanca.
Este enfoque en los beneficios económicos tiene sentido desde el punto de vista político: si se puede argumentar que la reforma migratoria contribuirá a reactivar la economía de EE.UU., aumentarán las posibilidades de éxito. Pero también refleja las duras lecciones aprendidas.
El fracaso a último momento de la iniciativa de 2007 fue ampliamente atribuido a un informe realizado por la Fundación Heritage, de tendencia conservadora, en el que se advertía que la "amnistía" le costaría por lo menos u$s 2,6 billones a los contribuyentes estadounidenses.
Una vez más, el destino de la reforma migratoria dependerá en última instancia de quién gane el debate económico, que en términos generales se reduce a una cuestión. ¿Convertir en contribuyentes a los trabajadores indocumentados impulsará la economía de EE.UU.? ¿O estos nuevos residentes costarán más de lo que aporten?
Los grupos de expertos de todo el espectro político se han dedicado a realizar informes económicos para responder estos interrogantes - e influir en el debate. Con la experiencia de 2007 en mente, los defensores de la reforma están armados con estudios económicos que concluyen que el proyecto de ley del Senado tendría un impacto netamente positivo en la economía del país y en las arcas del gobierno.
Un estudio realizado por Robert Lynch del Washington College señala que las reformas que otorgan a los inmigrantes ilegales la posibilidad de obtener la ciudadanía en 10 años sumarían u$s 832.000 millones al PBI en el transcurso de una década.
También implicarían un aumento de u$s 470.000 millones en los ingresos de los estadounidenses y la creación de 121.000 puestos de trabajo más por año, afirmó Lynch en el estudio, que fue realizado a solicitud del Centro para el Progreso Americano.
Algunos republicanos también apoyan el argumento económico a favor de la reforma migratoria. Doug Holtz-Eakin, director de la Oficina Presupuestaria del Congreso durante la presidencia de George W. Bush, concluyó que la reforma podría aumentar la tasa promedio de crecimiento del PBI real anual de 3% a 3,9% durante la primera década. Después de 10 años, el PBI per cápita de EE.UU. sería de u$s 64.700, en lugar de u$s 62.900.
¿La razón? Más personas tendrían empleos mejor remunerados, lo que implicaría el pago de impuestos más elevados y mayor consumo.
Una gran parte de los 8 millones de personas que trabajan a pesar de no poseer la documentación requerida ocupa puestos de trabajo no calificado, en áreas tales como limpieza o jardinería, y son vulnerables a la explotación. Estos trabajadores a menudo terminan recibiendo sueldos más bajos que la personas nativas que realizan tareas similares - a veces, por debajo del salario mínimo - ya que no es probable que se quejen.
Un estudio realizado en 1996 por el Ministerio de Trabajo sobre el impacto de las reformas implementadas una década atrás señaló que los sueldos de los inmigrantes indocumentados aumentaron 15,1% cinco años después de que éstos regularizaron su situación legal. Esto se debe a que consiguieron mejores empleos que los que tenían antes.
Cuando lanzó su plan de reforma en enero, Obama describió a los inmigrantes de una forma en la que a los estadounidenses les gusta verse a sí mismos: con iniciativa propia y emprendedores. "Uno de cada cuatro propietarios de pequeñas empresas es inmigrante", dijo el presidente. "Gente que llegó buscando oportunidades y que ahora quiere compartirlas con los estadounidenses", agregó Obama.
Existen estudios que respaldan su punto de vista. La Fundación Kauffman de Emprendimiento sostiene que es dos veces más probable que los inmigrantes creen empresas, con respecto a los estadounidenses nativos.
Más importante aún, también son más propensos a tener hijos. Las mujeres hispanas tienen en promedio 2,4 hijos, lo que supera el promedio de 1,95 registrado en el caso de las estadounidenses nativas.
"Imaginemos un crecimiento más rápido de la tasa de natalidad, productividad, desarrollo económico", dijo Holtz-Eakin, quien todavía está entre las filas republicanas. "Son todas buenas noticias".
Algunos sostienen que esto podría ayudar a EE.UU. a manejar la enorme brecha en su sistema jubilatorio y otros programas. Los pasivos del gobierno correspondientes a las pensiones federales y a la Seguridad Social, así como también al sistema de seguro de salud Medicare destinado a la tercera edad suman u$s 86,8 billone. Estos problemas podrían agravarse cuando los baby boomers se jubilen.
La reforma migratoria es "una forma de facto de que ingrese más gente al sistema y pospone el día en el que se acabe el dinero", según la opinión de Nowrasteh.
Pero aunque aporten más, los nuevos residentes legales se verán limitados en lo que obtienen. El proyecto de ley del Senado estipula que los beneficios federales - salud, Seguro Social y otros - estarán fuera del alcance de las personas con condición legal provisoria. Al mismo tiempo, esta gente pagará muchos más impuestos. Las estimaciones van de una suma adicional de u$s 109.000 millones a 600.000 millones en impuestos en el transcurso de una década.Largo camino a la ciudadanía plenaEl proyecto de ley de reforma migratoria presentado la semana pasada en EE.UU. proporciona una vía hacia la ciudadanía a las personas que residen ilegalmente en el país. La Cámara de Representantes está trabajando en sus propias reformas, que en general serán similares, aunque no otorgarán la ciudadanía plena. A continuación, se detallan algunos puntos del proyecto de ley bipartidista:
Condición provisoria
Los inmigrantes indocumentados pueden solicitar el estado legal de "inmigrante provisorio registrado" (RPI por su sigla en inglés), pero deben abonar la suma de u$s 500 en concepto de multa, impuestos retroactivos y la tasa de solicitud. Aquellas personas condenadas por un delito grave o tres o más delitos menores no se considerarán aptas.
Los inmigrantes con estatus RPI pueden trabajar para cualquier empleador y salir de EE.UU. Después de transcurrida una década, estas personas pueden solicitar una actualización de su condición a "residente legal permanente", a través del proceso establecido para tal fin.
Los soñadores pueden obtener tarjetas verdes de residencia permanente después de transcurridos cinco años y estarán en condiciones de obtener la ciudadanía inmediatamente después. Los trabajadores rurales indocumentados entrarán en un programa especial.
Familia y estudiantes
El proyecto establece un sistema meritocrático. Aumenta el tope anual de visas H-1B para trabajadores altamente capacitados de 65.000 a 110.000 y destina 25.000 visas más a los graduados de universidades estadounidenses con títulos avanzados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Estos límites podrían aumentar en base a la demanda de estos trabajadores. El proyecto también crea hasta 200.000 nuevas visas de "trabajadores invitados".
Verificación de empleo
El sistema "E-verify" sera actualizado y todos los empleadores deberán utilizarlo para verificar la situación migratoria de potenciales empleados. Con este sistema, todos los no ciudadanos deberán mostrar su "credencial biométrica de autorización laboral" o su "tarjeta verde biométrica".
Seguridad fronteriza
El proyecto de ley destina u$s 3.000 millones a la estrategia de seguridad en la frontera, para la que se utilizarán aviones no tripulados y otras medidas de control, además de agentes fronterizos adicionales. También destinará u$s 1.500 millones a la colocación de muros y vallas de alta tecnología en la frontera.
Los inmigrantes legales invierten en el aprendizaje de inglés y la educación, como así también en la compra de propiedades - algo que no hacen si saben que corren el riesgo de ser deportados.
Traducción: Natalia Alvarez
