Convencida de la necesidad de ostentar una fuerte bandera en el área educativa durante la campaña de 2014, la presidenta Dilma Rousseff decidió dar máxima prioridad en el inicio de este año a la aprobación del decreto que destina los recursos de los royalties del petróleo para la educación.

La medida tiene potencial para garantizar a Rousseff un legado en un sector criticado por la población en las encuestas de opinión sobre el desempeño del gobierno, además de servir como antídoto contra los probables ataques de la oposición a las políticas federales para la educación.

Sin embargo, legisladores de la propia base aliada advierten que el Ejecutivo tendrá dificultades para mantener el texto del decreto firmado por Dilma, que se publicó el 3 de diciembre de 2012 y determina que el total de los ingresos por royalties y participaciones especiales de los contratos de concesión firmados luego de su publicación se destine a la educación pública.

El decreto también establece que 50% del rendimiento de las colocaciones del Fondo Social, que contará principalmente con recursos provenientes de los contratos compartidos de la producción de la commodity, se destinen a programas y proyectos en el sector. Una comisión mixta del Congreso está analizando el proyecto.

El gobierno indicó que tiene el compromiso de duplicar en una década los recursos para la educación, y le damos prioridad a ese proyecto. También es una prioridad del Parlamento, destacó a Valor el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Wellington Dias. El decreto caduca el 13 de mayo, y la comisión especial pretende aprobarlo hasta el 10 de abril. Los plenarios de Diputados y del Senado tendrían tiempo suficiente para votar la propuesta.

El miércoles pasado, la comisión mixta definió un plan de trabajo y eligió a su presidente, que será el senador Vital do Rego, del PMDB.

Los embates entre representantes de estados y municipios productores y no productores de petróleo volvieron a la luz apenas se iniciaron las discusiones sobre la agenda de trabajo de la comisión. Los productores intentan evitar perder esos recursos, mientras los no productores se esfuerzan para aumentar sus presupuestos.

Pero hay un punto en el que alcaldes y legisladores de todas las regiones del país tienden a coincidir: no todos los recursos de los royalties deben encaminarse hacia la educación.

El Congreso discute algunas salidas políticas. Una es la creación de una fórmula gatillo que permita a gobiernos e intendencias gastar los recursos de los royalties de petróleo como quieran, cuando ese dinero duplique los niveles actuales.

Otra solución sería establecer un porcentaje de los recursos provenientes de los royalties del petróleo para que los utilizaran libremente los intendentes y gobernadores. La idea desagrada a la presidenta, y generó roces entre la mandataria y los intendentes. Pero éstos presionan a los legisladores para que la idea avance.

De acuerdo con el gobierno, las inversiones públicas en educación sumaron 6,1% del PBI en 2011. La idea del Ejecutivo es vincular el uso de los royalties para garantizar que los recursos de la educación lleguen a 10% del PBI en 2020, como prevé el Plan Nacional de Educación (PNE) que tramita el Congreso.