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El accidente ferroviario de Adamuz, uno de los más graves registrados en España en las últimas décadas, ha abierto una crisis política y social que sigue marcando la agenda del Gobierno. Con 45 víctimas mortales y una investigación todavía en curso, el suceso ha puesto bajo escrutinio la gestión del sistema ferroviario y la respuesta institucional tras la tragedia.
En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el 11 de febrero ante el pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre lo ocurrido en Adamuz y también sobre el accidente de Gelida, según confirmaron fuentes de Moncloa. La comparecencia se producirá en la primera sesión plenaria del periodo ordinario que se reanudará el próximo mes.
Pedro Sánchez dará explicaciones en el Congreso sobre el accidente de Adamuz
La comparecencia del jefe del Ejecutivo será a petición propia, después de que el Gobierno descartara acudir al Senado, como reclamaba el Partido Popular, alegando que el foro adecuado para rendir cuentas es el Congreso. La solicitud registrada por Moncloa no se limitará únicamente a los accidentes ferroviarios, ya que Sánchez aprovechará la intervención para informar también sobre la posición del Gobierno en encuentros y foros internacionales recientes.
La decisión llega tras varios días de tensión política. El PP había exigido una comparecencia urgente en la Cámara Alta, donde cuenta con mayoría absoluta, e incluso registró una petición para celebrar un pleno extraordinario con la presencia del presidente y del ministro de Transportes. El Ejecutivo rechazó esa vía y mantuvo su intención de que las explicaciones se produzcan en la Cámara Baja.
El calendario no es menor. El 11 de febrero coincide con una tractorada convocada en Madrid por organizaciones agrarias y con una huelga ferroviaria prevista entre los días 9 y 11, lo que añade presión política y social a la intervención del presidente.
Qué ha dicho el Gobierno sobre la gestión tras el siniestro
Desde el Ejecutivo, el mensaje ha sido de asunción de responsabilidades, al menos en el plano institucional. La ministra y dirigente socialista Diana Morant defendió que el Gobierno está actuando con responsabilidad al atender a las víctimas y a sus familias, impulsar la investigación y trabajar para que un accidente similar no vuelva a ocurrir.
“Estamos asumiendo nuestra responsabilidad, la atención a las víctimas, la investigación de lo que ha ocurrido y, de cara al futuro, que no vuelva a ocurrir”, señaló Morant, quien insistió en la necesidad de recomponer la confianza de la ciudadanía en el sistema ferroviario a través de la verdad y la transparencia.
La investigación está siendo llevada a cabo por la Guardia Civil, mientras que desde el Gobierno se subraya que no se adelantará ninguna conclusión hasta que se conozcan las causas técnicas del descarrilamiento.
El pulso político con el PP y el papel del ministro de Transportes
La tragedia de Adamuz ha intensificado el enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular. El PP ha reclamado la dimisión inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha acusado al Ejecutivo de no asumir responsabilidades políticas.
Desde el PSOE, la respuesta ha sido cerrar filas en torno a Puente. La portavoz socialista Montse Mínguez aseguró que el partido respalda la gestión “rigurosa y transparente” del ministro frente a lo que calificó como “bulos y desinformación” por parte de la oposición.
En paralelo, Puente comparecerá antes que Sánchez, ya que informará sobre los accidentes ferroviarios en un pleno extraordinario del Senado, convocado a instancias del PP. Será su primera explicación en sede parlamentaria sobre los siniestros de Adamuz y Gelida.
Por qué la comparecencia del 11 de febrero será clave
La intervención de Pedro Sánchez en el Congreso se presenta como un momento político decisivo. No solo por la magnitud del accidente de Adamuz, sino porque marcará la posición del Gobierno ante una tragedia que ha reavivado el debate sobre la seguridad ferroviaria, la inversión en infraestructuras y la rendición de cuentas.
Además, el hecho de que la comparecencia coincida con movilizaciones sociales y una huelga en el sector ferroviario incrementa la expectativa sobre el tono y el contenido del discurso presidencial. El Ejecutivo deberá explicar qué ha ocurrido, qué se está investigando y qué medidas se adoptarán para evitar nuevos accidentes, en un clima de alta tensión política y social.
Con 45 víctimas mortales y una investigación en marcha, el accidente de Adamuz se ha convertido en un asunto central para el Gobierno. El 11 de febrero, el Congreso será el escenario en el que el presidente deberá responder a las preguntas que siguen abiertas y afrontar un debate que va más allá de un solo siniestro para poner el foco en el conjunto del sistema ferroviario español.