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El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, liderado por Diana Morant, ha puesto en marcha una medida que podría modificar radicalmente el panorama universitario en España. El Gobierno pretende aplicar el nuevo real decreto que endurece los criterios para crear universidades también a aquellas instituciones privadas que ya han iniciado el proceso de solicitud, pero que aún se encuentran en una fase inicial.
Aunque los promotores de estas universidades habían comenzado sus trámites bajo la legislación anterior, ahora deberán adaptarse a las nuevas exigencias, que incluyen requisitos más estrictos en términos de calidad, presupuesto e investigación. Esta decisión será debatida este miércoles en València, durante una reunión del Consejo General de Política Universitaria (CGPU), donde se propondrá una disposición transitoria para extender la aplicación del decreto.
Universidades privadas en riesgo de quedar paralizadas
Según fuentes del Ministerio citadas por EFE, son diez las universidades privadas que se verán afectadas si se aprueba la nueva disposición. Están ubicadas en cinco comunidades autónomas: Madrid (2), Extremadura (3), Aragón (3), Baleares (1) y Canarias (1). Entre ellas figuran proyectos como TAI University - Universidad Internacional de las Artes, la Universidad Felipe II, la Universidad Abierta de Extremadura (ONEX) y The Power University.
El Ministerio propone que, si el trámite aún no ha sido elevado al CGPU, deberá solicitarse un informe vinculante a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o a la agencia autonómica correspondiente. "La documentación completa deberá presentarse en un plazo máximo de doce meses", se lee en el borrador al que accedió EFE.
Críticas por inseguridad jurídica y posible retroactividad
La propuesta ha generado críticas entre representantes de las universidades afectadas. Algunas fuentes del sector aseguran que esta medida cambia las reglas del juego a mitad del proceso y podría tener consecuencias legales. "El Ministerio nos había garantizado que los proyectos en marcha seguirían rigiéndose por la normativa anterior. Ahora, esto genera una enorme inseguridad jurídica", señalaron a la agencia de noticias fuentes cercanas a varias de las instituciones afectadas.
No obstante, desde el Gobierno defienden que la intención es garantizar una mayor calidad académica y sostenibilidad en el tiempo. "Algunas universidades no tendrán dificultades para adaptarse, pero otras sí lo tendrán complicado", admiten desde el entorno de la ministra Morant.
Nuevos criterios: más alumnos, más investigación y más títulos
El decreto, que aún debe recibir el informe del Consejo de Estado y pasar por el Consejo de Ministros en junio, establece nuevos estándares obligatorios para todas las universidades, incluidas las privadas:
- Alcanzar un mínimo de 4500 alumnos en sus primeros cinco años.
- Destinar al menos el 5% del presupuesto a programas de investigación.
- Captar financiación para I+D+i equivalente al 2% del presupuesto anual.
- Ofrecer al menos diez grados, seis másteres y tres doctorados en tres áreas distintas.
- Asegurar que al menos el 50% del profesorado tenga título de doctor.
- Garantizar plazas de alojamiento para el 10% del alumnado.
Estas condiciones buscan reforzar el compromiso de las universidades con la calidad educativa, pero implican una inversión considerable para proyectos que aún no han sido aprobados.
Próximos pasos: diálogo con rectores y comunidades autónomas
La ministra Morant ya ha comunicado esta modificación a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), con quienes se reunirá el próximo lunes. Además, este miércoles tendrá lugar una reunión con las comunidades autónomas, todas ellas gobernadas por el Partido Popular, que han confirmado su asistencia.
El texto aún está en fase de borrador y podría sufrir cambios. Sin embargo, la intención del Ejecutivo es clara: endurecer los requisitos para nuevas universidades, sin hacer excepciones para las privadas, incluso si ya habían comenzado el camino hacia su creación.