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La escena política española experimenta una sacudida tras la decisión del Tribunal Supremo de enviar a prisión provisional y sin fianza al exministro José Luis Ábalos.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reactiva la presión en la calle y convoca una nueva manifestación contra el presidente Pedro Sánchez, mientras deja abierta la puerta a una eventual moción de censura.
El Gobierno y sus socios responden con mensajes de firmeza frente a la corrupción y con críticas cruzadas sobre responsabilidades y actitudes.
El ingreso en prisión de Ábalos y de su exasesor Koldo García reabre tensiones políticas en un momento delicado para el Ejecutivo, que además sufrió el rechazo del Congreso a la senda de estabilidad presupuestaria.
El impacto institucional y partidario se profundiza con los llamados a que Ábalos renuncie a su escaño, cuestión que genera posiciones divergentes entre los grupos parlamentarios.
¿Qué busca Feijóo con una nueva manifestación en Madrid?
Feijóo coloca el caso Ábalos en el centro de su estrategia de oposición. En su comparecencia, definió a los manifestantes como “ciudadanos decentes” y vinculó la situación judicial del exministro con la legitimidad política del presidente del Gobierno.
La convocatoria del domingo pretende exhibir músculo social y reforzar el discurso de que Sánchez sostiene a dirigentes que enfrentan causas judiciales de gravedad.
El líder popular insistió en que la prisión del exministro representa un punto de inflexión y sostuvo que cuando “todos los que le encumbraron entran en la cárcel, Sánchez debe salir de la Moncloa”.
El mensaje busca asociar directamente al Gobierno con la corrupción, pese a que el PSOE afirma haber actuado con rapidez y contundencia desde el inicio del caso.
La incógnita sobre una eventual moción de censura agrega tensión. Feijóo no la descarta por completo, aunque insiste en que no dará pasos sin apoyos suficientes.
Vox, por su parte, presiona para reactivar esa vía sin importar el resultado parlamentario, convencido de que sirve para colocar bajo foco al Ejecutivo y a sus aliados. Este contraste revela dos ritmos distintos en la oposición y abre interrogantes sobre la cohesión estratégica entre ambos partidos.
¿Cómo afecta el caso Ábalos al Gobierno y a la mayoría parlamentaria?
El Gobierno intenta contener el daño político subrayando que ha aplicado una política de tolerancia cero y que respeta sin fisuras cada paso del proceso judicial.
La vicepresidenta primera y número dos del PSOE, María Jesús Montero, remarcó que actuaron “desde el primer minuto”, mientras Ferraz evitó dar margen a interpretaciones ambiguas.
El mensaje socialista busca frenar críticas internas y exhibir un contraste con los escándalos que afectaron al PP en el pasado.
La continuidad de Ábalos como diputado generó reclamos en varias formaciones. ERC, Compromís, Sumar y Podemos coincidieron en que el exministro debería renunciar al escaño, aunque por motivos distintos. Mientras algunos apelan a la coherencia institucional, otros temen que su permanencia sin voto erosione la estabilidad parlamentaria.
La Mesa del Congreso inició el procedimiento para suspender sus funciones, lo que dejará al diputado sin sueldo, sin posibilidad de votar y sin herramientas de control al Gobierno.
En el plano legislativo, el Ejecutivo relativiza el impacto numérico y sostiene que un diputado no condiciona las mayorías. Sin embargo, la suma ajustada de sus apoyos obliga a cada bloque a preservar la cohesión.
El caso Ábalos reabre viejas tensiones entre socios y revive el debate sobre la ética pública, en un contexto donde cada movimiento incide en la percepción de estabilidad del Gobierno.