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Tras el registro de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede del PSOE en Ferraz y en varias dependencias estatales, el Partido Popular (PP) ha lanzado un órdago: exige a PedroSánchez que dimita antes de que la Guardia Civil se traslade a La Moncloa.
Los populares entienden que la sucesión de comprobaciones -la clonación de correos electrónicos de ex altos cargos y la investigación de supuestas mordidas- compromete seriamente la credibilidad del Ejecutivo y, por ende, la estabilidad institucional.
Feijóo presiona con mano firme
Alberto Núñez Feijóo ha elevado el tono de las denuncias. En varias intervenciones, entre ellas en el Congreso y en actos públicos, sostiene que la permanencia de Sánchez en el poder es insostenible.
"España no puede vivir una redada permanente", ha afirmado el líder popular, denunciando una especie de "evasión de responsabilidades por parte del presidente", que se oculta tras su despacho en Moncloa.
Además, Feijóo ha tachado el caso como la trama de corrupción "más grave" desde la Transición, y advierte que el Gobierno utiliza la agenda internacional (como la estrategia en la OTAN) como "cortina de humo" para desviar la atención de la crisis interna.
Por qué redoblan la presión desde Génova
El PP justifica su intensidad por la "auditoría externa" que dicen estar haciendo la UCO y el Tribunal Supremo, frente a una auditoría del PSOE que consideran poco creíble.
"La única decisión que debe salir hoy mejor que mañana del búnker de Moncloa es la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones", ha proclamado Feijóo.
De forma paralela, otros dirigentes populares, como Carlos García Adanero y Jaime de los Santos, han acusado al Gobierno de intentar "minar" la credibilidad de la Guardia Civil para encubrir una "mafia presidida por Sánchez", y han insistido en que la ciudadanía exige una responsabilidad inmediata por la mención de familiares de Sánchez en los informes de la UCO
La respuesta de la oposición interna en el PSOE y sus socios
El propio entorno de Sánchez vive un clima tenso. La UCO ha enviado al juzgado registros que apuntan a que los exsecretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, habrían gestionado comisiones a cambio de contratos públicos, según los informes policiales.
Mientras tanto, dentro del Gobierno hay voces que piden una reacción más contundente. ERC ha calificado la fecha elegida para que Sánchez comparezca -el próximo 9 de julio en el Congreso- como "tarde y mal" y no descarta amenazar con romper alianzas si no da explicaciones inmediatas.
Por otro lado, desde Sumar también se apuntan filtraciones internas que cuestionan la gestión gubernamental de la crisis.
Qué escenario se avecina en Moncloa
La presión del PP, acompañada de la tensión interna dentro de las filas del PSOE y los requerimientos de sus socios, sitúan a Pedro Sánchez en una encrucijada.
Fuentes oficiales de Moncloa han rechazado que la agenda se marque desde Génova, pero reconocen que el tema de la corrupción agravada "acapara la actualidad" y perjudica la credibilidad del Ejecutivo.
Por ahora, el presidente continúa con su agenda internacional, especialmente con el pulso en la OTAN, tratando de aislar el golpe político. Sin embargo, la persistencia del PP y la inquietud creciente de aliados parlamentarios abren la puerta a una reorganización importante dentro del PSOE en las próximas semanas.
