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El Gobierno ha pedido este martes “responsabilidad” a las empresas de transporte ante el incremento de los precios de vuelos y coches de alquiler, registrado tras la interrupción parcial del tráfico ferroviario provocada por el accidente de Adamuz, en la provincia de Córdoba.
La situación ha generado un fuerte aumento de la demanda, especialmente en los trayectos entre Andalucía y Madrid.
Desde el Ejecutivo subrayan que se trata de un contexto especialmente sensible, marcado por el impacto humano de la tragedia y por las dificultades de movilidad que afrontan miles de ciudadanos. En este marco, la llamada apunta tanto al sector privado como al conjunto de la sociedad.
Elma Saiz, portavoz del Gobierno, trasladó este mensaje luego de la reunión del Consejo de Ministros, en respuesta a las denuncias por aumentos considerados desproporcionados en servicios de transporte alternativos al ferrocarril.
¿Qué postura adoptó el Gobierno frente a los aumentos?
La portavoz del Ejecutivo señaló que “son momentos duros” y remarcó la necesidad de actuar con responsabilidad para acompañar a las víctimas del accidente.
En ese sentido, pidió a las empresas que eviten conductas que puedan agravar la situación de quienes necesitan desplazarse con urgencia.
Saiz destacó que, desde el primer momento, se activaron alternativas de transporte para garantizar la movilidad de la ciudadanía afectada por el corte ferroviario. Según indicó, estas medidas buscaron reducir el impacto del incidente y ofrecer opciones viables a los pasajeros.
Además, reconoció que algunas compañías privadas adoptaron una actitud colaborativa, al mantener condiciones que facilitan los traslados. Desde el Gobierno valoran estos gestos como ejemplos de corresponsabilidad en un contexto de emergencia.
¿Qué reclaman los consumidores y los grupos parlamentarios?
Las asociaciones de consumidores, entre ellas Facua-Consumidores en Acción, denunciaron que el aumento de la demanda derivó en subidas abruptas de precios en vuelos y alquileres de coches.
Según estas entidades, se trata de prácticas que aprovechan una situación excepcional y perjudican a los usuarios.
Facua reclamó al Ministerio de Consumo que impulse una mejora de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El objetivo apunta a prohibir de forma explícita las subidas de precios vinculadas a tragedias o situaciones de emergencia.
En el ámbito parlamentario, el grupo Sumar se sumó a las críticas y pidió a las compañías de transporte de viajeros que mantengan “precios estables y razonables”. Desde esa fuerza política advirtieron sobre la necesidad de evitar conductas especulativas en momentos de especial sensibilidad social.
