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El Gobierno abrió un nuevo frente institucional tras poner en duda la labor de algunos jueces que, según afirma, cuestionan la legitimidad del Ejecutivo.
La renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenando recientemente por revelación de secretos, activó de inmediato el proceso para designar a su sucesor, en medio de un clima político y judicial especialmente tenso.
En una jornada marcada por declaraciones cruzadas, el presidente Pedro Sánchez reivindicó la trayectoria del fiscal saliente y aseguró que el proceso para su reemplazo ya se encuentra en marcha.
Mientras tanto, voces del Gobierno alertaron sobre un “clima preocupante” en la judicatura, al tiempo que la oposición exigió un relevo con aval institucional y rigor profesional. La escena política quedó así dominada por acusaciones, advertencias y llamados a la movilización ciudadana.
¿Cómo se desencadenó la renuncia del fiscal general y qué implicaciones políticas abre?
La renuncia de Álvaro García Ortiz, presentada mediante una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, se produjo tras su condena a dos años de inhabilitación por la filtración de datos vinculados al empresario Alberto González Amador.
El propio Sánchez aseguró que la misiva refleja el compromiso de un “servidor público” y evitó confirmar si el relevo se abordaría de inmediato en el Consejo de Ministros, aunque admitió que el proceso ya está en marcha.
Desde el Ejecutivo, Pilar Alegría defendió la inocencia de García Ortiz y negó presiones gubernamentales para forzar su salida. Otros ministros fueron más críticos con el contexto judicial: Óscar López habló de un clima “desolador” y apuntó contra jueces que, según él, actúan como contrapoder político.
La ministra Ana Redondo, por su parte, cuestionó que el fallo del Supremo se conociera antes que la sentencia que lo fundamenta, generando suspicacias sobre su forma y oportunidad.
En paralelo, la tensión institucional escaló con las reacciones de la oposición. El PP pidió que el nuevo fiscal general sea un jurista de prestigio avalado por el Consejo General del Poder Judicial.
Su líder, Alberto Núñez Feijóo, consideró imprescindible reforzar la independencia del cargo y evitar perfiles con trayectoria política reciente. Desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso elevó el tono acusando al Gobierno de pretender colocarse “por encima del Supremo”.
¿Por qué crece la disputa entre el Gobierno, la oposición y sectores de la judicatura?
La renuncia de García Ortiz reavivó un debate profundo sobre la separación de poderes y la independencia judicial. Desde la izquierda del Gobierno, Sumar advirtió sobre una parte de la judicatura que, según Yolanda Díaz, actúa de manera “impune” y vulnera su mandato constitucional.
La vicepresidenta llamó incluso a la ciudadanía a movilizarse para “defender la democracia” ante lo que considera una ofensiva judicial con intencionalidad política.
Ernest Urtasun reforzó esta idea al denunciar una “maniobra” para interferir en la vida pública, mientras que Podemos fue más lejos: Pablo Fernández reclamó una reforma integral del Poder Judicial y calificó el fallo del Supremo como ejemplo de “lawfare” y “golpismo judicial”.
Estas expresiones reflejan un clima de desconfianza creciente entre el Gobierno y ciertos sectores judiciales, alimentado por fallos controvertidos y por la persistente falta de acuerdo para renovar el CGPJ.
En este escenario, cada declaración profundiza la fractura institucional. Desde la oposición, se advierte que el Gobierno busca desacreditar las resoluciones judiciales que no le favorecen.
Desde el Ejecutivo y sus aliados, se insiste en que existe una minoría de jueces que actúa como actor político. El relevo de García Ortiz, lejos de cerrar el conflicto, aparece como el primer paso de una disputa que amenaza con intensificarse en los próximos meses.