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La revalorización de las pensiones volvió al centro del debate político después de una semana marcada por el rechazo en el Congreso del decreto ley que incluía esta medida junto con otras iniciativas sociales.
El Gobierno decidió reaccionar con rapidez y aprobó un nuevo texto centrado exclusivamente en las pensiones, con el objetivo de despejar cualquier incertidumbre entre los beneficiarios del sistema.
Desde el Ejecutivo insisten en que la subida nunca dejó de aplicarse y que el nuevo decreto sirve para reforzar la seguridad jurídica y política de una medida que afecta a millones de personas. En paralelo, la oposición cuestiona la estrategia del Gobierno y acusa al presidente de utilizar a los pensionistas como herramienta de presión parlamentaria.
Una subida que el Gobierno da por blindada para 2026
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró este martes que el Ejecutivo ha vuelto a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas con una revalorización que, de media, supone “unos 50 euros más al mes”, una cantidad que, según subrayó, “es lo que se ha puesto en peligro para más de 9,4 millones de españoles”.
El nuevo decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros fija una subida general del 2,7% para 2026, que se eleva al 7% en el caso de las pensiones mínimas y alcanza el 11,4% para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital. Según explicó Saiz, en los casos más bajos la mejora puede llegar a 130 euros mensuales, una cifra que el Ejecutivo considera clave para proteger a los colectivos más vulnerables.
La ministra defendió que el compromiso del Gobierno con la revalorización conforme al IPC es “inquebrantable” y recordó que la subida ya fue efectiva desde enero para casi 13 millones de pensiones y prestaciones, aunque ahora se haya aprobado de nuevo el decreto “para que sea efectiva durante todo el año, blindando el poder adquisitivo de los pensionistas”.
El rechazo previo y la decisión de separar los decretos
La revalorización de las pensiones quedó en suspenso político la semana pasada, cuando el Congreso rechazó el decreto ley que incluía esta medida junto con el denominado escudo social, que abarcaba, entre otras cuestiones, la moratoria de los desahucios para familias vulnerables. Ante la falta de apoyos, el Gobierno optó por trocear el texto y aprobar dos decretos separados.
Saiz defendió esta decisión y aseguró que “la victoria hoy es de los pensionistas”, al ser preguntada por si la separación del decreto suponía un triunfo para la oposición. Desde el Ejecutivo sostienen que aislar la subida de las pensiones permite garantizar su aprobación sin quedar atrapada en negociaciones más complejas.
El nuevo decreto no solo recoge la revalorización de las pensiones, sino que también incluye otras medidas vinculadas al sistema público, como la congelación de las cotizaciones de los autónomos en 2026, la eliminación de la obligación de presentar la declaración de la renta para los perceptores de prestaciones por desempleo o la prórroga para que médicos de atención primaria y pediatras puedan compatibilizar trabajo y pensión.
Quedan fuera, sin embargo, cuestiones como el salario mínimo interprofesional, que el Gobierno prevé aprobar en un decreto específico con una subida del 3,1%, hasta los 1221 euros brutos mensuales en catorce pagas.
La crítica del PP y el choque político
La oposición no tardó en reaccionar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la decisión de aprobar la revalorización de las pensiones en un decreto separado demuestra que el Gobierno “estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos”.
Feijóo recordó que su partido “estuvo, está y estará” a favor de la revalorización automática de las pensiones conforme al IPC, pero rechazó lo que calificó como “chantajes” y el uso de los pensionistas “como rehenes”. A su juicio, “lo lógico” habría sido aprobar una revalorización inmediata y automática, sin mezclarla con “21 asuntos más” en un mismo decreto.
El líder del PP también cuestionó el decreto del escudo social, en el que se incluye la prórroga de la moratoria de los desahucios hasta final de año para familias vulnerables sin alternativa habitacional. En este punto, planteó si es compatible con un sistema democrático que “un derecho constitucional como es el derecho a la propiedad quede anulado” y defendió que, ante dificultades de pago, la solución pasa por ampliar la vivienda social y no por impedir el cobro de la renta a los propietarios.
Mientras el Gobierno insiste en que la subida de las pensiones está asegurada y no corre riesgos, el debate político sigue abierto. La revalorización se consolida como una de las medidas con mayor consenso social, pero también como uno de los principales focos de confrontación parlamentaria en un contexto de negociación constante.