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El futuro del acuerdo UE-Mercosur volvió a quedar en el centro del debate político europeo, esta vez con un desenlace que reconfigura por completo su calendario y sus posibilidades de entrada en vigor. Tras décadas de negociaciones y una reciente firma política, el texto quedó atrapado en una discusión jurídica de alto voltaje dentro de la Eurocámara.
La sesión plenaria celebrada en Estrasburgo dejó en evidencia la profunda división que atraviesa al Parlamento Europeo frente al acuerdo UE-Mercosur. El debate no giró solo en torno al comercio, sino también sobre el alcance institucional del pacto y sus posibles efectos sobre la soberanía normativa de la Unión Europea.
Según informó EFE, el Parlamento Europeo decidió este miércoles remitir el acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una medida que, en la práctica, congela su tramitación y abre un proceso de revisión legal que podría extenderse durante meses.
El Parlamento Europeo frena el acuerdo UE-Mercosur
“El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen”, informó EFE.
La decisión fue el resultado de una votación extremadamente ajustada, reflejo de las tensiones internas que rodean al acuerdo UE-Mercosur. “Por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, el Parlamento Europeo dio luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, recién firmado este fin de semana tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, respeta los tratados de la Unión Europea”.
El envío del texto al TJUE supone un punto de inflexión para el acuerdo UE-Mercosur, ya que impide avanzar con los procedimientos habituales de ratificación hasta que exista un pronunciamiento jurídico vinculante.
Las dudas legales que rodean al acuerdo UE-Mercosur
Uno de los ejes centrales del debate en el Parlamento Europeo fue la arquitectura jurídica del acuerdo UE-Mercosur. “Sobre la mesa está la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE”.
A estas objeciones se suma la discusión sobre la base legal utilizada para aprobar el acuerdo UE-Mercosur. Según la información difundida, también genera preocupación “la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales”.
Estas dudas explican por qué una mayoría ajustada optó por recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aun con el riesgo de retrasar de forma significativa la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur.
Qué puede decidir el Tribunal de Justicia de la UE
El envío del acuerdo UE-Mercosur al TJUE abre un proceso que no tiene plazos cerrados. “Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas”, indicó EFE, aunque aclaró que la duración no es automática.
La propia corte comunitaria reconoce cierto margen de flexibilidad. De acuerdo con la información oficial, el tribunal “tiene el control total” sobre los procedimientos y “puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica”.
Hasta que exista un dictamen, el acuerdo UE-Mercosur quedará en suspenso, sin posibilidad de avanzar en su ratificación ni de aplicarse de forma provisional.
Advertencias políticas y contexto internacional
La votación en el Parlamento Europeo no se produjo en un vacío político. “Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado en la víspera de que se trataría de un voto muy ajustado”, recordó EFE.
Algunos eurodiputados habían alertado sobre las consecuencias estratégicas de frenar el acuerdo UE-Mercosur en un escenario internacional tenso. Según EFE, también “habían advertido en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE”.
Estas advertencias se vincularon, además, al contexto geopolítico actual, “especialmente ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos”, un factor que añade presión externa al debate comercial europeo.