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La nueva normativa de ascensores ya está en vigor y representa un importante desafío económico para miles de comunidades de vecinos en España. De esta manera, muchos propietarios podrían desembolsar obligatoriamente hasta 40.000 euros.
El Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 ‘Ascensores’, obliga a realizar reformas de seguridad que podrían golpear la economía de los dueños de inmuebles.
Nueva ley de ascensores: cuáles son los cambios y por qué perjudica a los propietarios
Esta medida busca modernizar el parque de elevadores existente, mejorar los estándares de seguridad y reducir accidentes. Sin embargo, llega acompañada de un fuerte impacto económico para los propietarios, que deberán afrontar derramas obligatorias según su cuota de participación en la comunidad.
La normativa exige actualizar los ascensores que no cumplan con los nuevos requisitos técnicos. Entre las principales reformas destacan:
- Nivelación precisa de la cabina: la cabina debe detenerse a ras del suelo con una desviación mínima para evitar tropiezos.
- Barreras fotoeléctricas: sustitución de la antigua única fotocélula por cortinas o barreras fotoeléctricas completas para prevenir golpes y atrapamientos.
- Comunicación bidireccional: sistema en la cabina que permita contactar con servicios de emergencia en caso de avería o atrapamiento.
- Control de carga: dispositivos que impidan el movimiento del ascensor si se supera el peso máximo permitido.
- Sustitución de guías: cambio de guías de madera o cilíndricas por guías de acero modernas.
Estas actualizaciones son obligatorias tras la primera inspección periódica del ascensor. Los plazos para ejecutar las obras varían entre 3 y 10 años, según la gravedad de las deficiencias detectadas.
Los posibles costos que deberán afrontar los dueños
Los gastos se consideran obras necesarias para la habitabilidad y seguridad del inmueble, por lo que todos los propietarios deben contribuir según su cuota de participación en la comunidad, salvo que los estatutos indiquen lo contrario. Se trata de derramas obligatorias reguladas por la Ley de Propiedad Horizontal.
El precio de las obras dependerá directamente del estado y la antigüedad del ascensor:
- Reformas leves (como comunicación bidireccional o sensores de puertas): entre 800 y 1000 euros.
- Reformas complejas (cambio de guías, sistema de tracción u otros elementos estructurales): pueden superar los 16.000 euros y llegar hasta 40.000 euros en los casos más complicados.
¿Cuándo entra en vigor la nueva obligación?
No es necesario actuar de forma inmediata. La exigencia surge después de la primera inspección periódica obligatoria. Si el resultado es desfavorable, la comunidad dispondrá de un plazo para realizar las mejoras correspondientes.
En ese sentido, los edificios con ascensores de más de 20 o 30 años son los más afectados. No obstante, la normativa no impone la sustitución total de todos los ascensores, sino su adaptación progresiva a los nuevos estándares de seguridad.