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El acceso a la vivienda en España ha sido un reto durante los últimos años. El encarecimiento del mercado y la falta de oferta son algunos de los factores que más perjudican a los inquilinos que buscan un piso donde vivir.
En este marco, el Gobierno y la Unión Europea tienen el objetivo de optimizar el impacto ambiental de las viviendas a través de la implementación de certificados de eficiencia energética. Este documento especial tiene el propósito de evaluar y detallar la eficiencia eléctrica de los edificios y las casas.
La medida implica que quienes no cumplan con el mínimo exigido no podrán vender ni alquilar sus inmuebles. Esta regla puede suponer un desafío económico para muchos propietarios, especialmente si se trata de viviendas antiguas con sistemas de calefacción obsoletos
La normativa marcará un antes y después para los propietarios y arrendatarios. Desde el 1 de enero de 2030, todas las viviendas que se vendan o alquilen deberán tener una calificación energética mínima de E. Además, el certificado puede ser útil para solicitar deducciones en la declaración de la Renta.
¿Cómo funciona el nuevo requisito obligatorio para los alquileres?
El certificado de eficiencia energética evalúa y detalla la eficiencia de un edificio y califica la clase energética de la letra A (muy eficiente) a la G (muy deficiente). Por consecuencia, tener una mejor o peor evaluación influirá en el precio de la vivienda. El documento tiene una duración de diez años y su renovación corre a cargo del propietario de la vivienda.
Para solicitar el documento se deberá acudir a empresas, arquitectos, ingenieros o técnicos autorizados, que son los que deben realizar un informe de la vivienda, recogiendo datos y la documentación de la misma, y valorar su eficiencia energética. Una vez emitido el documento, deberá registrarse en el Registro de Secretaría de Estado de Energía.
Hasta ahora, bastaba simplemente con contar con el certificado y la verificación. Sin embargo, el nuevo cambio normativo, impulsado por la Unión Europea, introduce un límite mínimo obligatorio: en 2030 será la letra E, y en 2033 subirá a la letra D.
El precio del certificado obligatorio para poder alquilar una vivienda
Para acceder al certificado se deberá contactar a un técnico oficial (arquitectos o ingenieros) para realizar la inspección del inmueble y calcular su nivel de eficiencia. El precio puede variar entre los 60 y 150 euros, según la ciudad y el tamaño de la vivienda.
Debido al coste adicional que puede suponer esta adaptación en las viviendas, la Unión Europea y el Gobierno español ofrecen subvenciones a través de los Fondos Next Generation. Las dos ayudas destacadas son:
- Ayuda directa de hasta 3.000 euros: para quienes logren reducir al menos un 7 % de demanda energética o un 30 % de consumo de energía no renovable.
- Subvención de hasta 18.800 euros: incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta ayuda se concede si las reformas mejoran la eficiencia energética en al menos un 30 %. Aplica a rehabilitaciones completas: fachadas, ventanas o sistemas de climatización.
¿Qué impacto tendrán las reformas para los propietarios y el mercado de alquileres?
La FAI estima que cerca del 85 % del parque inmobiliario en España necesitará algún tipo de reforma para adaptarse a la nueva exigencia. El envejecimiento del parque de viviendas es uno de los grandes retos:
- El 41,4 % de las viviendas tienen entre 30 y 49 años.
- El 29,6 % tienen entre 50 y 69 años.
- El 29,9 % superan los 70 años.
Esto significa que millones de viviendas podrían quedar fuera del mercado legal si no se adaptan. Entre las reformas más comunes se encuentran:
- Sustitución de ventanas por modelos con mejor aislamiento.
- Renovación del sistema de calefacción o refrigeración.
- Instalación de energías renovables (como paneles solares).
- Mejora en la iluminación y los electrodomésticos.
