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El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley con el objetivo de promover el alquiler de viviendas a precios asequibles. Este paquete fiscal incluye 12 medidas que contemplan la posibilidad de limitar la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no residentes en España, garantizar la “permanencia del parque público” e “incentivar la reducción de precios en los alquileres”, según lo expresado por el partido de Pedro Sánchez.
Para facilitar esta disminución de precios, el PSOE propone una modificación en la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (SOCIMI), que verán un incremento en su tasa impositiva del 15% al 25%, a excepción de aquellas viviendas destinadas al alquiler a precio asequible.
Adicionalmente, se sugiere un aumento en la tributación por viviendas vacías, con el fin de "incentivar su salida al mercado del alquiler“, así como una ampliación de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF para zonas que no hayan sido declaradas como tensionadas.
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Aunque este plan económico persigue tres objetivos primordiales: "más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas“, especialistas en real estate del despacho Golden Partners se han pronunciado en contra de estas medidas, advirtiendo que el enfoque “excesivamente fiscalista” presenta “numerosos riesgos jurídicos, fiscales y económicos”.
“Muchas de las medidas son potencialmente regresivas, generan inseguridad jurídica, desincentivan la inversión exterior en nuestro país y no abordan la raíz estructural del problema: la falta de oferta”, sostiene Ángel Sánchez, abogado y socio del despacho, en diálogo con El Cronista.
En cuanto al gravamen a viviendas vacías, Sánchez plantea que identificar la desocupación “requiere inspecciones, padrones y comprobaciones que invaden la privacidad y generan conflictos legales”, por lo que no sería una medida viable ni fácil de implementar en términos administrativos.
Según el especialista, muchas viviendas vacías lo están por razones legítimas: herencias no repartidas, reformas, ocupaciones ilegales o litigios judiciales. Por esta razón señala que “gravar sin distinción vulneraría el principio de equidad tributaria”, apunta.
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A día de hoy, estos inmuebles ya generan una renta imputada del 1,1% de su valor catastral en la declaración de la renta, o del 2% si el valor no se ha actualizado en más de diez años.
El objetivo sigue siendo el mismo: penalizar a quienes mantienen desocupadas varias viviendas para así incentivar su entrada en el mercado del alquiler.
Con el nuevo esquema, se mantendría ese 1,1% para propiedades cuyo valor catastral no supere los 100.000 euros. A partir de esa cifra, el porcentaje se incrementaría gradualmente: 1,5% hasta 500.000 euros, 2% hasta el millón y 3% para quienes acumulen propiedades vacías por más de un millón.
