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El Parlamento de Cataluña sancionó una nueva ley que regula el alquiler de temporada y de habitaciones, una modalidad que había ganado terreno como mecanismo para eludir el control de precios vigente sobre la vivienda habitual.
La iniciativa salió adelante con el voto afirmativo del PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP, lo que consolidó una mayoría de izquierda alineada en materia de política habitacional.
La norma, que surge de un decreto previo del Govern, incorpora modificaciones clave introducidas durante el trámite parlamentario.
Entre ellas, se destacan límites claros al alquiler temporal y garantías para que miles de viviendas de protección oficial no queden fuera del sistema regulado en zonas declaradas de mercado tensionado.
El cambio de posición del PSC resultó decisivo para la aprobación del texto. Tras haberse abstenido en la pasada legislatura, los socialistas acompañaron ahora la regulación luego de los acuerdos alcanzados con ERC y Comuns para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
El texto contó además con el aval del Consejo de Garantías Estatutarias. El organismo solo objetó uno de los artículos, que fue corregido antes de la votación definitiva, lo que despejó el camino para su aprobación en el pleno.
¿Cómo impacta la ley en el alquiler de temporada y de habitaciones?
La nueva regulación redefine el concepto de alquiler permanente. A partir de ahora, todo contrato destinado a satisfacer una necesidad de vivienda será considerado como tal, sin importar su duración. Esta definición implica que esos alquileres quedarán sujetos a los topes de precios cuando se encuentren en zonas de mercado tensionado.
De esta manera, el alquiler de temporada quedará restringido exclusivamente a los casos en los que se acredite un uso recreativo o turístico.
El objetivo central apunta a cerrar una vía que, según el Govern y los bloques de izquierda, se utilizó de forma sistemática para esquivar la normativa vigente sobre rentas.
En relación con el alquiler de habitaciones, la ley fija un límite concreto: la suma de los precios de cada habitación no podrá superar el valor máximo permitido para el alquiler del piso completo.
Con esta medida, el Ejecutivo catalán busca frenar abusos y prácticas especulativas en un segmento cada vez más utilizado por jóvenes y estudiantes.
¿Qué posiciones enfrentó el debate político en el Parlament?
Desde el oficialismo y los bloques que acompañaron la ley, el discurso se centró en el derecho a la vivienda. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, sostuvo que el acceso a un hogar no puede convertirse en una fuente de angustia y defendió la intervención pública cuando el beneficio privado genera un perjuicio social amplio.
En la misma línea, la diputada socialista Eva Candela remarcó la urgencia de regular el mercado inmobiliario y destacó la capacidad de la izquierda para construir consensos.
ERC, Comuns y la CUP celebraron el cambio de escenario político y señalaron que una agenda que antes defendían en minoría ahora cuenta con respaldo parlamentario suficiente.
La oposición, en cambio, rechazó de forma contundente la norma. Junts, PPC, Vox y Aliança Catalana advirtieron sobre una supuesta vulneración del derecho de propiedad y denunciaron inseguridad jurídica.
También cuestionaron el impacto de la regulación sobre la inversión privada y anticiparon un conflicto legal que podría trasladarse a los tribunales.