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En España, el debate sobre la edad de jubilación ha sido constante en los últimos años. Mientras la esperanza de vida aumenta y se alargan las carreras laborales, muchos trabajadores de sectores especialmente exigentes reclamaban un trato diferenciado.
Ahora, esa demanda ha sido escuchada: el Gobierno ha aprobado una reforma que permite jubilarse antes a quienes desempeñan actividades penosas, peligrosas o insalubres.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado el real decreto que regula esta medida, que entrará en vigor en los próximos días. Se trata de un cambio profundo en el sistema de pensiones, que reconoce el impacto que ciertas ocupaciones tienen sobre la salud física y mental de los trabajadores, y establece un procedimiento claro para que puedan acceder a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores.
¿A quiénes afecta esta nueva jubilación anticipada?
La norma está dirigida a personas que hayan trabajado durante años en condiciones laborales extremas, como exposición a temperaturas extremas, ruido constante, vibraciones, agentes tóxicos o ambientes insalubres.
También se incluyen actividades con alto riesgo de accidentes o enfermedades profesionales, como puede ocurrir en sectores como la minería, la construcción, la limpieza industrial o ciertos servicios públicos.
Para acceder a esta jubilación anticipada, los trabajadores deberán acreditar que han desempeñado estas tareas durante un tiempo mínimo equivalente al requerido para la jubilación ordinaria.
La edad mínima para retirarse no podrá ser inferior a los 52 años, incluso con la aplicación de los coeficientes reductores. Además, no se podrá seguir trabajando en la misma actividad que dio lugar a la jubilación anticipada una vez concedida.
Cómo se determina qué profesiones pueden acogerse
El procedimiento comienza con una solicitud conjunta de los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas, o de asociaciones profesionales en el caso de autónomos y empleados públicos. Esta solicitud debe detallar las funciones específicas que hacen que la actividad sea considerada penosa, peligrosa o insalubre.
A partir de ahí, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social elaborará un informe estadístico sobre morbilidad y mortalidad, que será complementado por evaluaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Inspección de Trabajo.
En el caso de empleados públicos, también intervendrá el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Todos estos informes serán analizados por una Comisión de Evaluación, que podrá proponer la aprobación del correspondiente real decreto para aplicar los coeficientes reductores.
Un paso hacia una jubilación más justa
Este cambio normativo, que cuenta con el respaldo de los principales sindicatos (UGT y CCOO) y organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME), busca adaptar la jubilación a la realidad de cada profesión.
Se trata de una medida que ya aplican países como Francia, Austria o Italia, y que en España se suma a otras reformas recientes para reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Además, la norma prevé una revisión periódica cada diez años de los coeficientes reductores, para evaluar si siguen siendo necesarios o si las condiciones laborales han mejorado gracias a la tecnología o a nuevas normativas.
También se establece una cotización adicional para los colectivos beneficiados, que será asumida tanto por los trabajadores como por las empresas, y se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.