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El Gobierno definió los detalles de la medida que promete impulsar el acceso a la vivienda protegida mediante el alquiler con opción a compra. Sin embargo, el incentivo de hasta 30.000 euros irá al bolsillo directamente del vendedor, que será quien reciba los fondos públicos si se concreta la compraventa en un plazo máximo de tres años.
El nuevo esquema, enmarcado dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, prevé que el Estado abone al propietario una cantidad equivalente a la que el inquilino haya pagado de alquiler, con un tope de 28.800 euros por vivienda.
Además, el vendedor podrá percibir un porcentaje adicional sobre el total del alquiler ingresado, siempre que se descuente íntegramente del precio final del inmueble.
¿Quiénes podrán acceder a los 30.000 euros y cómo se acreditará el beneficio?
El sistema establece que los beneficiarios deben tener menos de 35 años, incluso en el caso de parejas que adquieran la vivienda de forma conjunta. Para activar la ayuda, el contrato de arrendamiento deberá incluir de forma detallada el precio final de compraventa y el plazo, que no podrá superar los tres años.
El dinero se transferirá directamente al vendedor, quien incluso podrá recibirlo antes de la escritura si el documento acredita la operación. En otras palabras, el Estado adelantará los fondos siempre que se cumpla con la documentación exigida.
La intención del Ejecutivo es facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes que aún no pueden comprar, pero que aspiran a hacerlo a corto plazo. Sin embargo, el modelo también busca dar liquidez a los promotores y propietarios de viviendas protegidas.
¿Por qué genera dudas el nuevo plan de alquiler con opción a compra?
El sector inmobiliario ha reaccionado con cautela. Distintas agencias y asociaciones de promotores advierten que el esquema puede derivar en distorsiones si no se establecen garantías claras para asegurar que el inquilino tenga capacidad de compra una vez finalizado el contrato.
Además, las patronales del sector, como la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), reclaman que se agilicen los procesos urbanísticos y se libere suelo para viviendaprotegida, un punto que consideran clave para que el plan funcione.
El Gobierno destinará 7000 millones de euros al nuevo Plan Estatal de Vivienda, de los cuales el 40% se invertirá en construir nuevas viviendas protegidas.
A pesar de las reservas, el Ministerio de Vivienda confía en que la medida marque un punto de inflexión en el acceso a la primera vivienda para miles de jóvenes en España.