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El Gobierno de España prevé poner en marcha en julio las transferencias directas del Plan Estatal de Vivienda a las comunidades autónomas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez aseguró que el mecanismo ya está articulado para que las regiones que firmen con el ministerio puedan empezar a gastar los recursos en el segundo semestre del año.
¿Qué incluye el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030?
El plan prevé transferir 7000 millones de euros para elevar y proteger de forma permanente el parque público y la vivienda protegida. La financiación está asegurada mediante una autorización de gasto con anualidades hasta 2030, lo que garantiza recursos disponibles para las regiones que los necesiten.
De ese modo, el programa contempla movilizar los 7000 millones de euros con un sistema de cofinanciación del 60% por parte del Estado y el 40% restante de las autonomías.
¿Qué medidas propone el PSOE para reforzar el control de la vivienda protegida?
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para reforzar la transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida. La iniciativa busca evitar corrupción e irregularidades, como las investigadas en algunos municipios.
La diputada Patricia Blanquer señaló que situaciones como las ocurridas en Alicante “no pueden volver a repetirse” y defendió incluir una cláusula antifraude en el plan. Por su parte, el diputado Ignasi Conesa insistió en que la vivienda pública debe destinarse a familias vulnerables y no convertirse en un beneficio para familiares o conocidos.
Entre las medidas propuestas se incluyen:
- Garantizar adjudicaciones transparentes mediante procedimientos públicos
- Priorizar a personas inscritas en registros de demandantes
- Destinar las viviendas exclusivamente a residencia habitual
- Reforzar los mecanismos de control
- Crear registros públicos para asegurar trazabilidad
- Inventariar el parque de vivienda protegida
- Mapear el suelo público disponible con potencial residencial
- Auditar adjudicaciones y ventas de suelo público de los últimos tres años para detectar posibles irregularidades