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El déficit público, sin contar las corporaciones locales, se redujo a 27.478 millones de euros hasta agosto, lo que supone un 19,5% menos que en el mismo periodo de 2024.
Según el Ministerio de Hacienda, esta mejora responde principalmente al incremento de los ingresos, que crecieron un 7,4%, frente a un aumento del gasto del 5,3%. En proporción al PIB, el déficit cerró agosto en el 1,64%.
Si se excluye el gasto extraordinario derivado de la Dana -3598 millones de euros-, el déficit público se habría reducido aún más, hasta los 23.880 millones, lo que representa una caída del 30% respecto al año anterior.
El grueso del desequilibrio se concentró en la Administración Central, mientras que comunidades autónomas y Seguridad Social presentaron superávit, aunque con diferencias regionales marcadas.
¿Qué factores impulsaron la mejora de las cuentas públicas?
El incremento sostenido de la recaudación tributaria fue el principal motor de la reducción del déficit. La recaudación del IRPF creció un 17,6%, el IVA un 9,1% y el impuesto de sociedades un 6,3%.
A esto se sumó la aportación del nuevo impuesto sobre el margen y las comisiones bancarias, que ingresó 1423 millones en su primer ejercicio de aplicación.
Además, la Seguridad Social logró un superávit de 7517 millones de euros -casi el triple que en 2024-, impulsado por las subidas del salario mínimo y de las pensiones, así como por el mecanismo de equidad intergeneracional.
Este desempeño positivo compensó parte del gasto adicional provocado por los daños de la dana, que afectó especialmente a comunidades como la Valenciana o Murcia.
Las comunidades autónomas, por su parte, registraron un superávit conjunto de 596 millones, aunque siete de ellas cerraron con déficit. Canarias lideró con un saldo positivo del 0,78% de su PIB, mientras que la Comunidad Valenciana sufrió el mayor desequilibrio por el impacto climático.
¿Qué balance deja el tercer trimestre y qué perspectivas se abren?
Hasta septiembre, el déficit del Estado se redujo un 10,1% interanual, hasta los 32.024 millones de euros, lo que equivale al 1,91% del PIB. Los ingresos del Estado ascendieron a 185.185 millones, un 10% más, gracias a la normalización económica tras la crisis inflacionaria.
El gasto público, no obstante, también aumentó un 5,8%, con fuertes incrementos en inversión pública (33%), subvenciones (24,8%) e intereses de la deuda (9,3%).
Hacienda confía en que la tendencia de mejora continúe en los últimos meses del año, aunque advierte de que el efecto de los fenómenos climáticos extremos y la evolución de los tipos de interés pueden condicionar el cierre fiscal de 2025.
El Gobierno sostiene que la senda actual permitirá consolidar la reducción del déficit sin comprometer el gasto social, y que España mantiene su objetivo de converger con los nuevos parámetros fiscales de la Unión Europea en 2026.