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A 24 horas de la autorización del Consejo de Ministros al ingreso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el accionariado de Telefónica, con una participación del 10% que coloca al Estado como primer accionista de la teleco, y que a precios de mercado implica una inversión de 2.025 millones de euros, el impacto de esa noticia tanto en el ámbito empresarial, económico y político está lejos de atenuarse.
La cronología de lo sucedido ayer, tras conocerse la decisión tomada por el Ejecutivo español, abarca un abanico de consecuencias tan amplio como intereses que afecta.
En primer lugar, marca el retorno del Estado al capital de la operadora 26 años después de que el gobierno encabezado por José María Aznar decidiera su privatización. Administración conservadora que entre 1996 y 2003 traspasó a manos privadas unas 60 empresas -la propia Telefónica, Endesa, Tabacalera, Argentaria, Iberia- por un valor equivalente al 7% del PIB.
El gobierno, por su parte, justifica la operación defendiendo la estabilidad accionarial y la salvaguardia de las capacidades estratégicas de la compañía, al tiempo que señala su vocación de permanencia.
Esta línea argumental conduce a que la entrada de la SEPI en Telefónica responde a otro anuncio de enorme impacto: el que realizó en septiembre la operadora saudí STC, controlada por el fondo soberano del país, dueña del 4,9% de la operadora, y de otro 5% derivados, que elevaría su participación hasta el 9,9%.
En esta especie de juego de tronos entre el Estado español y el saudí, con la adquisición de parte de la SEPI del 10% de las acciones de Telefónica, Pedro Sánchez y sus ministros económicos podrán finalmente autorizar la toma del 5% adicional del capital de Telefónica por la familia saudí que, dicho sea de paso, aún no tramitó el permiso ante el Ministerio de Defensa para alcanzar el 9,9% de la teleco.
Este paso le abre la puerta al consejo de administración. Sin embargo, ante este nuevo escenario, existen serias y fundadas dudas de que la operadora saudí convierta el 5% que atesora en derivados en acciones de plenos derechos políticos.
Mientras los actores involucrados defienden e intentan ampliar su zona de influencia en el escenario que comenzó a configurarse, Telefónica, la joya en disputa de esta historia, optó por limitarse a señalar que sigue centrada en la ejecución y el cumplimiento de su Plan Estratégico 2023/26, presentado en noviembre.
El mercado, en tanto, opinó con una revalorización de 6,71% de los títulos de Telefónica que cotizan un Estados Unidos. Mientras que en la bolsa madrileña (al momento de escribir este artículo) la acción de la operadora subía 6%.
Para Renta 4, la decisión es coherente con la estrategia del gobierno de tener una mayor participación y poder de decisión en compañías estratégicas, tal y como sucedió en Indra.
"A corto plazo esperamos que los títulos avancen, tal y como sucedió ayer en Estaos Unidos, debido a la presión compradora ya que esperamos que realicen las compras directamente al mercado. A medio y largo plazo consideramos que lo mejor para la compañía es que el actual equipo directivo y el consejo mantengan la independencia actual y que cualquier percepción de interferencia política será mal interpretada por unos inversores que a partir de ahora incluirán a todos los españoles", avisa el banco de inversión.
Los roles de Caixa y BBVA
Cuando Saudí Telecom Company (STC) sin aviso previo ingresó en Telefónica, empresa no sólo de "bandera" para los españoles, sino estratégica por sus actividades en Defensa e interconexión, todas las alarmas se encendieron.
Porque los árabes podrían tener acceso por su posición de privilegio en Telefónica a información sensible para España y Europa. A partir de ese momento Moncloa comenzó a diseñar los caminos para bloquear el avance saudí en la compañía. Y esos caminos condujeron a la necesidad de crear un "núcleo duro" español que marcara la estrategia de la compañía y preservara el interés nacional frente a inversores extranjeros.
Así las cosas, cuandoPedro Sánchez se reunió con Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, en la Moncloa en los primeros días de diciembre, la maquinaria tomó velocidad. Veamos de qué se trata.
Sánchez y sus aliados buscan que en caso de que los saudíes decidan hacerse con el 9,9% del paquete accionarial, y reclamen uno o dos sillones en el consejo de administración, es desactivar su poder de influencia en la empresa.
Hoy, con los sillones que le corresponden a la SEPI por su participación del 10%, más el núcleo duro, compuesto por CaixaBank junto a Criteria (6,03%), BBVA (4,87%), además de los dos consejeros ejecutivos de Telefónica, la alianza tejida por el socialista contará con el equilibrio de fuerza suficiente como para echar atrás cualquier iniciativa de STC, incluso si une fuerzas con el fondo de inversión Blackrock, que apoyado en su 4,48% del capital en Telefónica, está en condiciones de pedir una silla en la máxima instancia de gobierno de la compañía.
Ruido político
La crispación domina la política española y no podía estar ausente en el mayor sacudón bursátil desde la época de las privatizaciones. Los medios de comunicación cercanos a la oposición destacan que el proceso que condujo al anuncio del ingreso de la SEPI a Telefónica careció de la necesaria transparencia.
Este déficit, argumentan, alimenta las sospechas de que se trate de un nuevo intento de injerencia política en la gestión de una compañía cotizada, como ya sucedió anteriormente con Indra, Enagás y Red Eléctrica. Asimismo, consideran que la toma de un 10% parece un porcentaje excesivo, especialmente en manos del Ejecutivo de Sánchez.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó que la decisión se haya llevado a cabo sin contar con la oposición y mostró su rechazado al uso de dinero público para estos fines.
"Es un gobierno que expulsa de nuestro país a grandes empresas y aspira a controlar las que se quedan. No es una prioridad usar dinero de todos los españoles para comprar acciones de una multinacional. Y menos con la tasa de endeudamiento que tiene nuestro país", afirmó.
UGT Telefónica, uno de los sindicatos mayoritarios, y en negociaciones con la empresa por el ERE en tres compañías del grupo, declaró en un comunicado de prensa que apoya cualquier movimiento accionarial en Telefónica que aporte estabilidad a la plantilla.
"Este fortalecimiento (por el ingreso del Estado a la teleco), no sólo garantiza la españolidad de Telefónica, sino que debe eliminar las incertidumbres existentes sobre la posible venta de activos de valor de Telefónica hacia terceros actores, como sucedió, recientemente con la venta de la red fija de Telecom Italia a un fondo de inversión", afirmó.