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El Congreso analiza un cambio clave en la ley de función pública que permitirá a los funcionarios retrasar la jubilación forzosa hasta los 72 años, dos más que el límite actual.
La propuesta, impulsada por el PSOE a través de una enmienda, fue presentada este martes en la ponencia de la Comisión de Hacienda y Función Pública.
La medida supone una ampliación de la vida laboral en la Administración y establece que los empleados podrán solicitar prórrogas anuales, sujetas a criterios como rendimiento, absentismo o estado de salud, hasta alcanzar los 72 años. Esta decisión se suma a otra enmienda que recupera la jubilación parcial anticipada, una histórica demanda de los sindicatos.
¿Qué implica la ampliación de la jubilación forzosa?
El límite actual fija la jubilación forzosa en 70 años, aunque la edad legal está en 67 o 65 para quienes acrediten 38,5 años de cotización. Con la nueva propuesta, los funcionarios que lo deseen podrán prolongar su permanencia en el servicio activo, siempre con autorización y bajo un control de desempeño y capacidad psicofísica.
Las prórrogas serán anuales y estarán condicionadas a las necesidades organizativas de cada organismo. Además, se valorarán factores como la calidad del trabajo, la ausencia de bajas prolongadas y la opinión de los servicios de prevención.
La propuesta se enmarca en un contexto de envejecimiento de la plantilla pública, donde más del 40% de los empleados tiene más de 55 años. Con esta medida, el Gobierno busca retener capital humano experimentado y ganar margen en un momento en que miles de funcionarios se acercan a la edad de retiro.
¿Cómo funcionará la jubilación parcial en la Administración?
El PSOE también propuso recuperar la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario. Quienes cumplan la edad de jubilación ordinaria podrán reducir entre un 25% y un 75% su jornada laboral sin necesidad de sustitución inmediata.
De manera excepcional, se abrirá la posibilidad de acceder a este régimen hasta tres años antes de la edad legal, siempre que se sustituya al funcionario parcialmente jubilado.
En ambos casos, se exigirá haber trabajado al menos 33 años en la Administración, cifra que baja a 25 para personas con discapacidad, y contar con seis años de antigüedad en el organismo donde se desempeñen.
Los sindicatos celebran esta medida, que llevaba años reclamándose, ya que permitirá compatibilizar un retiro progresivo con la incorporación de nuevos trabajadores. Además, el proyecto de ley prevé simplificar los procedimientos para agilizar la sustitución de personal.
Tras la fase de ponencia, el proyecto será debatido y votado en comisión antes de pasar al pleno del Congreso, donde podría sufrir nuevas modificaciones.
El debate anticipa tensiones políticas, aunque el Ejecutivo confía en reunir apoyos para sacar adelante una de las reformas más esperadas en la función pública.