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La reciente modificación legal en España establece que la contratación de empleados del hogar debe cumplir con nuevas exigencias. A partir de este momento, será imperativo contar con un protocolo de evaluación de riesgos laborales si se tiene personal contratado para actividades como limpieza, cocina, jardinería o cuidado de personas.
Este cambio tiene como objetivo equiparar la protección de estos trabajadores con la del resto del mercado laboral. Hasta hace poco, el servicio doméstico se encontraba excluido del ámbito de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ha estado vigente desde 1995.
Sin embargo, una disposición adicional y un real decreto han subsanado esta omisión, obligando a los empleadores a asegurar condiciones de trabajo seguras.
Qué documento presentar para cumplir con la nueva normativa
La herramienta fundamental para satisfacer esta obligación es la aplicación digital Prevención10.es, desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). A través de esta plataforma, cualquier empleador tiene la capacidad de llevar a cabo una evaluación personalizada de riesgos en su hogar.
Este documento debe incluir:
- Las características del domicilio
- Las funciones asignadas al empleado (limpieza, cocina, jardinería, conducción, etc.)
- Los riesgos identificados
- Las medidas de corrección y protección recomendadas
La plataforma también permite establecer plazos, costes aproximados, responsables de cada tarea y genera un informe final que debe conservarse como prueba de cumplimiento.
Además, la normativa exige que el empleador proporcione equipos de trabajo y de protección individual sin coste para el trabajador.
Sanciones por incumplimiento del protocolo de riesgos
El incumplimiento de esta obligación puede resultar en sanciones económicas considerables. De acuerdo con la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), el artículo 22.2 establece que no dar de alta al empleado ni cumplir con las condiciones laborales requeridas constituye una infracción grave.
Las multas pueden ascender hasta 12.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción:
- Grado mínimo: entre 3.750 y 7.500 euros
- Grado medio: entre 7.501 y 9.600 euros
- Grado máximo: entre 9.601 y 12.000 euros
Adicionalmente, en caso de un accidente laboral, el empleador podría quedar desprotegido legalmente si no puede evidenciar que ha realizado la evaluación de riesgos correspondiente.
Plazo para la implementación de la evaluación obligatoria
Esta medida se considera un avance en la dignificación del trabajo doméstico, uno de los sectores más precarizados en España. Aunque el número de amas de casa ha caído en las últimas décadas —de cinco millones en 2002 a 2,8 millones en 2023—, el empleo doméstico sigue siendo clave para miles de familias.
Con este nuevo marco legal, se busca que la seguridad y los derechos laborales lleguen también a quienes trabajan en el ámbito más privado: el hogar.
El documento debe generarse y validarse antes del 14 de noviembre de 2025. Hasta entonces, los empleadores tienen tiempo para adaptar sus contratos y evaluar los posibles riesgos en sus domicilios.