La Comunidad de Madrid confirmó un giro en su política de vivienda pública. A partir del nuevo Reglamento de Vivienda Protegida, las personas condenadas por delitos vinculados a la okupación ilegal no podrán acceder a una vivienda protegida durante un período de cinco años. La norma, que el Ejecutivo autonómico prevé aprobar en julio, incorpora además un requisito de empadronamiento mínimo de diez años en la región. La medida fue defendida por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien sostuvo que el objetivo es proteger el uso social de la vivienda pública y priorizar a quienes mantienen una vinculación prolongada con la comunidad, en un contexto de fuerte tensión del mercado inmobiliario. El principal cambio radica en la exclusión temporal de quienes hayan sido condenados por okupación ilegal. Durante cinco años, estas personas no podrán solicitar ni acceder a una vivienda protegida en la región, una decisión que el Gobierno madrileño encuadra dentro de su estrategia contra la ocupación irregular. Desde el Ejecutivo autonómico se remarcó que, si bien las competencias en esta materia son limitadas, la Comunidad de Madrid continuará impulsando herramientas normativas propias para desalentar estas prácticas y reforzar la seguridad jurídica en el acceso a la vivienda pública. El reglamento también eleva las exigencias administrativas. El empadronamiento mínimo pasará a ser de diez años, un criterio más estricto que el aplicado hasta ahora y que busca priorizar a residentes con arraigo en la región, según explicaron fuentes oficiales. El anuncio llegó acompañado de un repaso del avance del Plan Vive, uno de los ejes centrales de la política de vivienda del Ejecutivo regional. Actualmente, el programa suma alrededor de 14.000 viviendas en distintas fases de desarrollo, con miles ya entregadas y otras tantas en construcción o licitación. Una parte significativa de estas promociones está orientada al alquiler a precios por debajo del mercado, con especial foco en jóvenes y familias. Desde el Gobierno regional señalaron que el endurecimiento de los requisitos no reducirá la oferta disponible, sino que pretende asegurar un reparto más eficiente de los recursos públicos en un escenario de alta demanda habitacional en la Comunidad de Madrid.