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El Gobierno de España ha anunciado una modificación en el sistema de prestaciones que podría dejar sin acceso a la jubilación por incapacidad a un grupo específico de personas. Se trata de un cambio legal que ha generado inquietud en organizaciones sociales y asociaciones de afectados.
La medida forma parte de una reforma orientada a redefinir los criterios de incapacidad permanente y revisar los casos vigentes que hasta ahora contaban con cobertura. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señala que el objetivo es “ajustar el sistema a parámetros de sostenibilidad y equidad”, pero algunos colectivos ya alertan de que puede suponer un recorte de derechos.
Quiénes pueden perder la pensión por incapacidad
Según fuentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el cambio afecta a beneficiarios cuya incapacidad permanente no se derive de una enfermedad profesional o accidente laboral, sino de enfermedades comunes cuya evolución permita una actividad laboral limitada.
La reforma permitirá una revisión de oficio de algunos expedientes ya concedidos, en especial aquellos tramitados por vías administrativas automáticas. El nuevo marco también plantea una valoración funcional más estricta que podría dejar fuera a personas con limitaciones no invalidantes absolutas.
Motivos del Gobierno para aplicar esta medida
El Ejecutivo justifica esta acción con el argumento de que la pensión anticipada por incapacidad ha aumentado en los últimos años y se ha convertido en una vía de salida del mercado laboral que tensiona el sistema de pensiones.
Según el Ministerio, “no se trata de un recorte”, sino de una “adaptación al modelo europeo” donde se promueve la reintegración laboral con apoyos antes que la salida definitiva. Se planean también programas de rehabilitación y reorientación profesional para quienes pierdan la ayuda.
Qué pueden hacer los afectados por el cambio
Los expertos en derecho laboral recomiendan a las personas afectadas:
- Consultar su situación con un abogado especializado en Seguridad Social
- Presentar alegaciones o informes médicos complementarios si reciben notificación de revisión
- Solicitar la intervención de asociaciones de defensa de personas con discapacidad
Algunas organizaciones están preparando recursos jurídicos colectivos si se confirma la aplicación retroactiva de la norma. Además, señalan que podría existir un efecto discriminatorio hacia quienes padecen enfermedades crónicas no visibles.
En cualquier caso, el debate sigue abierto y se espera que la medida sea objeto de revisión parlamentaria antes de su aplicación definitiva. El Gobierno, por su parte, insiste en que “ningún beneficiario que necesite la ayuda quedará desprotegido”.
