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Una pensionista catalana dejó de cobrar la prestación que recibía después de que la Seguridad Social determinara que no cumplía con los requisitos de residencia y de ingresos. La mujer permaneció un total de 680 días en Marruecos entre 2018 y 2021 y, tras la revisión de su expediente, tuvo que devolver 32.857 euros por las cantidades que había percibido de forma indebida.
El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que rechazó los argumentos presentados por la beneficiaria. La mujer sostuvo que las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia de coronavirus habían impedido su regreso a España dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, el tribunal consideró que esta explicación no justificaba la duración de su ausencia y confirmó la decisión administrativa.
¿Cuánto tiempo puede permanecer fuera de España una persona que recibe esta pensión?
Las pensiones no contributivas están sujetas a determinados requisitos de residencia en España. En este caso, la normativa establece un límite de 90 días de ausencia durante un año, salvo que exista una causa justificada. La beneficiaria permaneció fuera del país durante 680 días en un periodo de tres años, mientras que el límite acumulado para ese periodo era de 270 días.
La Seguridad Social concluyó que la mujer había superado ese máximo en 410 días. Además, según la resolución judicial, la administración no recibió una comunicación que justificara o notificara adecuadamente su prolongada permanencia en Marruecos.
La pensionista percibía alrededor de 604,20 euros al mes, además de un complemento de entre 36 y 37 euros. También recibía una pensión procedente de Marruecos de 96,68 euros. La prestación española quedó sometida a una revisión después de que la administración detectara las irregularidades en su expediente.
¿Por qué tuvo que devolver 32.857 euros a la Seguridad Social?
La residencia fuera de España no fue el único motivo que llevó a la suspensión de la prestación. La investigación también determinó que los ingresos de la unidad familiar superaban el límite establecido para acceder a una pensión no contributiva.
En 2021, los ingresos familiares alcanzaron los 73.291,08 euros, una cantidad incompatible con los requisitos económicos de este tipo de ayuda.
La administración decidió entonces extinguir la prestación con carácter retroactivo desde junio de 2018. Como consecuencia, reclamó a la beneficiaria 32.857 euros correspondientes a las cantidades cobradas durante el periodo en el que, según la resolución, ya no reunía las condiciones necesarias para recibirla.
El caso muestra que las pensiones no contributivas exigen el cumplimiento simultáneo de requisitos económicos y de residencia. Las ausencias prolongadas del territorio español pueden afectar al derecho a mantener la prestación cuando superan los límites previstos y no existe una causa reconocida que las justifique.
