Tensión en Europa | El aliado europeo de Rusia es acusado de crímenes contra la humanidad mientras Ucrania se acerca a la UE
Un informe de Naciones Unidas señala que el Gobierno de Bielorrusia ha cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha puesto a Bielorrusia en el centro de la polémica al señalar que el gobierno de Aleksander Lukashenko ha cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos contra la población civil.
El documento sugiere que algunas de estas acciones podrían constituir crímenes contra la humanidad, en un intento por silenciar cualquier tipo de oposición política.
El estudio, elaborado por el Grupo de Expertos Independientes sobre Derechos Humanos de la ONU, denuncia una serie de abusos, entre ellos detenciones arbitrarias, torturas y persecución política. La represión ha llevado a cientos de miles de personas a huir del país desde las protestas de 2020 contra la reelección de Lukashenko, en un clima de control estatal cada vez más severo.
Torturas, detenciones y persecución política en Bielorrusia: un ataque a la comunidad LGBTIQ+ y la sociedad civil
El informe de la ONU revela que las fuerzas de seguridad bielorrusas han desplegado tácticas brutales contra la oposición, recurriendo a torturas como golpes, descargas eléctricas y amenazas de violencia sexual. Estas prácticas han sido utilizadas como herramientas de intimidación para reprimir cualquier tipo de disidencia dentro del país.
Además, el gobierno ha promovido nuevas leyes bajo el pretexto de combatir el extremismo, pero que, en realidad, han sido empleadas para justificar la detención de abogados, activistas y periodistas. Según el informe, la Asociación Nacional de Abogados ha sido sometida al control del Ministerio de Justicia, lo que priva a los ciudadanos de garantías procesales en los tribunales.
El documento de la ONU también destaca la represión sistemática contra la comunidad LGBTIQ+. Las fuerzas de seguridad no solo han cometido agresiones físicas, sino que han utilizado un discurso deshumanizador para justificar la violencia. Esta política de discriminación se enmarca dentro de una estrategia más amplia de control social por parte del régimen.
Por otro lado, la cancelación de más de 200 organizaciones de la sociedad civil en 2023 ha debilitado la capacidad de resistencia interna. Grupos defensores de los derechos humanos, medios de comunicación independientes y sindicatos han sido desmantelados o forzados al exilio.
Éxodo masivo, juicios en el exilio y posibles sanciones
La represión ha llevado a cientos de miles de bielorrusos a abandonar el país desde 2020. Entre ellos se encuentran abogados, periodistas y miembros de organizaciones civiles que, al buscar refugio en el extranjero, han sido acusados de conspiración contra el Estado o difamación del país.
En algunos casos, el gobierno ha condenado a estos exiliados en ausencia, lo que demuestra la expansión del control de Lukashenko más allá de las fronteras nacionales. Esta estrategia busca intimidar a quienes han escapado de la represión, impidiéndoles regresar a Bielorrusia o continuar con su activismo desde el exterior.
El informe ha generado una ola de reacciones internacionales. Organizaciones de derechos humanos y líderes europeos han pedido medidas más estrictas contra Bielorrusia, incluyendo nuevas sanciones económicas y restricciones diplomáticas contra altos funcionarios del régimen.
La Unión Europea y Estados Unidos han mantenido sanciones contra Minsk desde la represión de las protestas de 2020, pero el reciente informe de la ONU podría intensificar estas medidas. La comunidad internacional evalúa la posibilidad de llevar el caso ante la Corte Penal Internacional, aunque Bielorrusia no es signataria del Estatuto de Roma.
Von der Leyen pide acelerar la adhesión de Ucrania a la UE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogó el viernes pasado por "acelerar" el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. "Se trata de una cuestión que preocupa inmediatamente a Europa. El pueblo ucraniano, al igual que nosotros, tiene el mayor interés en que se alcance una paz justa y duradera, sobre todo si los países europeos deben garantizar la seguridad y asumir la responsabilidad de la reconstrucción", dijo la política alemana.
Ucrania fue uno de los temas a debate en el Foro Transatlántico de la CSU, en el que participó Von der Leyen para hablar "de la importante cuestión de las condiciones para poner fin a esta terrible guerra", y aclarar que la Unión Europea está "firmemente al lado de Ucrania".
"Junto con nuestros numerosos socios internacionales queremos asegurarnos de que pueda decidir desde una posición de fuerza en qué condiciones todas las partes depongan las armas. El futuro de Ucrania es también el futuro de Europa", añadió.
Se espera que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúna con el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, después de que Donald Trump asegurara que llegó a un acuerdo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para iniciar inmediatamente negociaciones que pongan fin a la guerra en Ucrania, que está a punto de cumplir tres años.
Varios líderes de la Unión Europea han insistido en los últimos días en que la paz en Ucrania no puede decidirse sin Kiev y sin la UE en la mesa de negociaciones.
Por otra parte, Von der Leyen dijo que la Unión Europea puede apoyar a los Estados miembros en lo que respecta a la inversión en defensa y seguridad. En primer lugar, señaló que le gustaría que los Estados miembros aumentaran "significativamente" su gasto en defensa.
"Presentaremos un amplio paquete de medidas -medidas e instrumentos a medida- que se adapten a la situación presupuestaria específica de cada Estado miembro", anunció.
En segundo lugar, apuntó que "un enfoque europeo necesita un amplio paquete de medidas de defensa". Y aclaró que se refería a las prioridades europeas comunes, ya que -subrayó- esas inversiones son "urgentemente necesarias" en defensa del interés europeo común.